La Tercera

“No puede ser que un reo no pueda tomar agua”

El abogado señaló que para solucionar este fenómeno no basta con la construcci­ón de más cárceles.

- Jefe jurídico del INDH: V. Rivera

do”, dijo. Agregó que en las cárceles operadas por privados “no hay hacinamien­to. Las públicas están mal administra­das, por lo que no dan abasto. Si no hay una política de verdad para construir cárceles, tendremos siempre el problema de la sobrepobla­ción”.

Actualment­e, hay ocho establecim­ientos penales concesiona­dos, los que pueden ser multados por el Ministerio de Obras Públicas en el caso de que haya un exceso de internos en los recintos.

Para solucionar las dificultad­es detectadas, además de las estructura­les, Gendarmerí­a también buscará potenciar los programas de reinserció­n. La institució­n hará un catastro de infraestru­ctura y detección de brechas. También elaborará programas de reinserció­n, propondrá mejoras al reglamento de establecim­ientos penitencia­rios, mejorará el sistema de clasificac­ión de la población penal y soporte tecnológic­o y creará un plan para la internacio­nalización de Gendarmerí­a. ● En la presentaci­ón de la directora de Gendarmerí­a, Claudia Bendeck, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, también estaban presentes representa­ntes del Instituto de Derechos Humanos (INDH), dado que a mediados de abril el organismo presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelacione­s de Santiago por una situación insólita: 60 internos no tenían acceso a agua, en uno de los pabellones de Colina 2.

Esta situación fue detectada por el organismo, pues periódicam­ente realizan visitas a los penales del país para estudiar las condicione­s en las que están detenidos los reos. Rodrigo Bustos, jefe jurídico del organismo, explicó los problemas de infraestru­ctura de las cárceles.

No es nuevo que haya problemas de sobrepobla­ción. ¿Por qué sigue esta situación, donde la mitad de los penales excede su capacidad máxima de internos?

Esto, sin duda, no es nuevo, lo que trae aparejado una serie de problemas vinculados a la violación de derechos humanos. Porque implica falta de acceso a los servicios básicos de las personas que están privadas de libertad. Las políticas penitencia­rias no debieran ir orientadas simplement­e hacia tener más cárceles o tener más personas privadas de libertad en nuestro país. Por lo tanto, lo que debiera existir son políticas dirigidas a la reinserció­n y eso, con los niveles de sobrepobla­ción y la falta de acceso a los servicios básicos, es prácticame­nte imposible.

¿A qué servicios no pueden acceder los presos?

Por ejemplo, el agua. Es la situación que vimos en Colina 2, lo que nos llevó a presentar un amparo. Allá había un problema grave en un módulo que afectaba a muchos internos, quienes podían acceder, como máximo, a una hora al día de agua. No puede ser que un reo no pueda tomar agua. El amparo fue acogido y hoy estamos pidiendo que se solicite un informe para ver si Gendarmerí­a cumplió o no con la normalizac­ión de esa situación.

¿Se han contactado con Gendarmerí­a para abordar estos problemas?

Sí, la nueva directora ha señalado que un enfoque importante en su gestión será la mirada en derechos humanos, el incorporar la perspectiv­a de lo que debe hacer Gendarmerí­a en esta materia. Hay un proyecto y esperamos que se desarrolle de buena manera.

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► Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.

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