Agenda proinversión
NO BASTA CON DESTRABAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SINO QUE ES NECESARIO GENERAR EL MARCO ADECUADO PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA A SECTORES DONDE NO EXISTE.
El martes recién pasado –en medio de una opinión pública atenta a enfrentamientos mediáticos estériles entre la oposición y el gobierno- este último anunció su agenda pro-inversión. Un significativo aumento de la inversión es una condición necesaria para que el país pueda alcanzar el desarrollo en un plazo razonable. ¿Será la anunciada agenda suficiente para lograr una tasa de crecimiento económica de tendencia que supere, por ejemplo, el 4,5 por ciento anual?
La propuesta gubernamental consiste en una serie de medidas que permitirán acelerar la obtención de los permisos de ejecución de los proyectos de inversión, especialmente los de mayor magnitud. Además, crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que tiene por objetivo facilitar –respetando el marco legal existente- la entrega de tales permisos. En la actualidad se estima que hay más de 200 proyectos de inversión -que suman US$ 65 mil millones- en espera de los permisos necesarios para poder iniciar sus obras.
Las medidas anunciadas dan una potente señal del deseo del gobierno de facilitar el proceso de inversión. Pueden ser especialmente útiles para extender el mayor crecimiento que se producirá en los próximos dos o tres años como consecuencia del actual ciclo económico internacional favorable, de las positivas expectativas económicas generadas por el régimen en el poder, y de la capacidad productiva ociosa existente. No obstante, a mayor plazo la agilización de trámites propuesta contribuirá muy poco a una tasa de crecimiento más elevada.
A más de algún lector esto último le parecerá curioso. Sin embargo, el crecimiento económico requiere no sólo que la inversión aumente, sino que, por persona, ella se haga cada vez –subrayo cada vez- más productiva (ver, entre otros, Parente y Prescott, 1991). Contribuyen a esto último la reasignación de recursos de sectores menos a sectores más productivos, la innovación tecnológica, y la apertura de nuevas oportunidades de inversión.
Pues bien, Chile hizo su tarea y tiene instituciones económicas que distorsionan poco la asignación de recursos. Por ello la contribución del primer factor al crecimiento necesariamente será acotada. También lo tiende a ser el aporte de nuevas tecnologías. Tanto así, que sólo cabe esperar en Chile por ahora un crecimiento económico de tendencia levemente superior al tres por ciento por año (Banco Central de Chile, 2017).
En este contexto, la agenda proinversión anunciada por el gobierno es sin duda positiva, pero se puede –y debe- hacer más para poder alcanzar el ansiado desarrollo en un plazo prudencial. No basta con destrabar en todo momento los proyectos de inversión, sino que es necesario generar, proactivamente, el marco legal y reglamentario necesario para atraer sucesivamente –sin subsidios ni privilegios- inversiones privadas a sectores en que hoy no existen o sólo las realiza el Estado.