LAS INSTITUCIONES FRENTE A UN “GOBIERNO DIVIDIDO”

SEÑOR DIRECTOR

Cuando un grupo de partidos controla el poder ejecutivo y otro grupo de signo opuesto, el poder legislativo, se configura lo que se denomina técnicamente un “gobierno dividido”. La existencia de gobiernos divididos es frecuente en países donde hay competencia política y el Presidente y el Congreso se eligen en votaciones separadas. Un gobierno dividido es un gobierno de confrontaciones. En él los partidos siguen diferenciándose y empujando sus agendas desde trincheras. Pero como éstas están constitucionalmente limitadas y por sí mismas son insuficientes, deben recurrir a fórmulas no tradicionales para avanzar. Por ejemplo, en un gobierno dividido el Ejecutivo tratará de gobernar por decreto, saltándose al Congreso en todas las materias en que no tendrá apoyo legislativo. También buscará debilitar las burocracias y el presupuesto de todos los programas gubernamentales que son opuestos a las creencias políticas de los grupos que lo apoyan.

Por su parte, el Congreso también intentará empujar su agenda con estrategias que le permitan avanzar sus políticas con independencia del Ejecutivo y sus agencias. Por ello buscará que otros órganos del Estado, como la Contraloría, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, interpreten normas existentes y fuercen al Ejecutivo a actuar en el sentido que el Congreso quiere. También buscará aumentar el catálogo de derechos judicializables para que sean los tribunales, motivados por demandas privadas, los que fuercen al Ejecutivo a actuar o actúen derechamente en su reemplazo.

Cualquiera sea la fórmula, la competencia por el control del Estado afectará a instituciones normalmente alejadas de la política. No es que estas instituciones decidan de un día para otro alinearse con alguna de las coaliciones políticas en el Ejecutivo o Legislativo. Se trata de que, dado que ni el legislativo ni el ejecutivo pueden reaccionar con efectividad frente a decisiones desfavorables, en la práctica todas las instituciones que diriman conflictos entre ambos tendrán la última palabra y serán acusadas de actuar con intencionalidad política.

Agustín Barroilhet

Académico Universidad de Chile