Nueva Educación Pública: un compromiso con la ley
La creación e implementación de los 70 servicios locales de educación, que serán los nuevos sostenedores de la educación escolar estatal es un desafío enorme para el país y en particular para el Ministerio de Educación. La carga administrativa, la complejidad jurídica de cada transferencia, la caja de pandora de las finanzas públicas municipales y la impredecible reacción política de cada edil frente a la pérdida de la administración de los establecimientos de su dependencia hacen de esto un problema de dimensiones revolucionarias. Por eso, es relevante que la gresca política oportunista y de poca profundidad se mantenga alejada de esta reforma.
En primer lugar, es importante que la oposición le crea al ministro de Educación cuando afirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de la ley. Lo mínimo exigible es que, con la misma vara con la que se critican sus desaciertos como si fueran el reflejo de su persona, se acepten sus declaraciones sobre política educativa como reflejo veraz de su voluntad. Y en esto no ha habido dos versiones: la desmunicipalización va.
Algunas exautoridades han cuestionado el hecho que el ministro se haya mostrado dispuesto a escuchar y dialogar con alcaldes que quieren retener la administración de sus establecimientos, interpretando esta apertura como un gesto simbólico para debilitar la puesta en marcha de la Nueva Educación Pública. Ello es un error, pues los exigentes criterios y condiciones que las municipalidades deben cumplir para mantener sus colegios están fijados en la ley, no dependen de la discrecionalidad del ministro, y por lo tanto no merman la implementación de la norma. Hay una discusión de interpretación legal sobre si estas excepciones podrían ser permanentes, permitiendo que algunos municipios puedan mantener un sistema paralelo a la Nueva Educación Pública. Independiente de cómo se zanje, es relativamente claro que la ley no contempla dos sistemas, sino, a lo más, un sistema con excepciones.
En segundo lugar, el gobierno tiene mucho que ganar implementando la nueva legislación.
Si el valor a defender es la libertad a elegir de los padres, la tarea es lograr que la educación pública se convierta en una alternativa preferida por las familias, en desmedro de nadie. Si la voluntad es transferir poder de decisión fuera del Estado central y fomentar la autonomía, el desafío es fundar servicios que no sean meros repetidores de la política y del discurso del Ministerio de Educación, sino entidades de carácter y color local fuertemente comprometidas con la realidad de sus colegios. Si el objetivo es reducir el gasto e ineficiencia fiscal derivada de los operadores políticos que pueblan las estructuras desconcentradas del Estado, qué mejor que crear servicios nuevos que sean ejemplos de modernización y profesionalización del Estado, al mismo tiempo que se reducen las plantas funcionarias del ministerio alojadas en las direcciones provinciales.
Pero nadie está obligado a lo imposible. El ministerio también tiene la responsabilidad, junto con el Congreso que aprobó esta reforma, de revisar si las estructuras diseñadas en la ley cumplirán con los propósitos esperados. El poder legislativo tiene que estar abierto a modificar la norma para facilitar su implementación, y el gobierno está en su derecho (y obligación derivada de la voluntad popular) de imprimir su visión política en el desarrollo y perfeccionamiento de esta reforma, esto va más allá de la letra de la ley. En esto, nuevamente, no debe leerse falta de compromiso, sino justamente lo contrario. Pensar, discutir, evaluar, mejorar y hacer seguimiento de la desmunicipalización es el mayor signo de involucramiento por parte del gobierno. Quienes diseñaron e impulsaron esta reforma debieran superar la frustración de no poder implementarla ellos. Una buena medicina es concentrarse en el bien superior de los niños y niñas de Chile.
El gobierno está en su derecho de imprimir su visión política en el desarrollo de esta reforma.