Resultados del Simce y calidad de la educación
En la medida que existan más restricciones para acceder a los resultados de esta prueba, se afecta la posibilidad de mejorar los estándares educacionales.
La semana pasada se entregaron los resultados de las pruebas Simce 2017, que vinieron a ratificar el estancamiento en las mejoras que experimentaron los alumnos de 4º básico hasta el año 2012 y el nulo avance de los alumnos de 8º básico y 2º medio respecto a los años previos. Estos resultados son motivo de preocupación y recuerdan la importancia de focalizar los esfuerzos en el mejoramiento de los aprendizajes y en la calidad escolar.
Desde el sector público, una de las iniciativas que se viene implementando en forma silenciosa y que busca contribuir en ese sentido, es la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Ésta establece que la Agencia de la Calidad debe ordenar a los colegios en función de sus resultados en el Simce y el resto de los indicadores de desarrollo personal y social, de tal forma de clasificarlos en niveles de desempeño. Con ello se puede identificar a los establecimientos con desempeño insuficiente y concentrar en ellos el apoyo y orientación del Ministerio de Educación. Y si al cabo de cuatro años estos establecimientos persisten con su bajo desempeño, entonces se les revocará su reconocimiento oficial.
Ello constituye una medida de última instancia para proteger a los alumnos en escuelas que sistemáticamente fallan respecto a los aprendizajes mínimos, pero paradojalmente, ha enfrentado la obstrucción del gobierno anterior, que primero postergó su entrada en vigencia, y que luego dejó un proyecto de ley misceláneo -aún en trámite- que contempla un artículo que prolonga hasta ocho años el plazo de tolerancia para resultados insatisfactorios. Si bien el actual ministro de Educación presentó una indicación sustitutiva que, entre otras cosas, elimina dicho artículo, este episodio habla de la excesiva pasividad de un sector político ante los malos resultados educativos.
En esa misma línea, en los últimos años se llevó a cabo una suerte de ocultamiento de la información tanto de la ordenación de las escuelas como de los resultados desagregados de las pruebas Simce. Es así como en 2013 se incorporó en la ley de presupuestos la prohibición explícita de publicar los resultados de la prueba en forma desagregada a nivel de colegio. Ello, con el fin de evitar “mal informar” a las familias –quienes supuestamente irían a juzgar a su colegio sólo por los puntajes en el Simce- y “estigmatizar” a los establecimientos de bajo desempeño que muchas veces atienden a un alumnado más vulnerable.
Las familias merecen recibir toda la información que les permita juzgar y decidir por sí mismas; los alumnos más vulnerables, por su parte, también tienen derecho a una educación que les asegure el aprendizaje de ciertos mínimos. El verdadero estigma que debiera preocupar a quienes tienen responsabilidades en las políticas públicas es el daño que se podría producir en esos 243 mil niños y adolescentes que se encuentran en escuelas de desempeño insuficiente, y que si no se adoptan las medidas hoy, se verán privados de optar a mejores oportunidades en el futuro. El gobierno debiera perseverar en una agenda inequívoca hacia el mejoramiento de la calidad escolar, la que debe involucrar a los colegios y a las familias, y para lo cual la transparencia y claridad en la entrega de información es esencial.