La Tercera

Juez de Casablanca limita denuncias por acoso callejero

El magistrado deslizó que ordenanzas municipale­s que castigan piropos en la calle son medidas populistas.

- Oscar Pérez Tapia

La primera multa que se cursó en la comuna de Las Condes el jueves, luego que un vendedor ambulante le dijera a una joven de 23 años “coma más ensalada para que conserve su linda silueta”, mientras caminaba con su padre en las cercanías de La Rotonda Atenas, generó una discusión legal entre los ediles y un juez, respecto de qué podría considerar­se un “piropo” o qué sería una actitud de acoso callejero. Todo lo anterior, después de que los alcaldes Daniel Jadue y Joquín Lavín, de Recoleta y Las Condes, respectiva­mente, dictaran una ordenanza municipal para sancionar estas actitudes.

El hombre tras la polémica es el juez del Juzgado de Policía Local de Casa Blanca, Mario Cortés, quien tomó una decisión contraria a lo que todo el país debate hoy y le pidió a uno de sus colaborado­res que pegara un cartel en una de las murallas de la institució­n con la siguiente informació­n: “Se informa a los que ofrecen ensaladas para colación en Casablanca que recomendar el producto a una mujer para mantener la figura no constituye infracción ni acoso sexual. Si está citado por ese hecho u otro similar, entregue la boleta en el mesón y puede retirarse. Será absuelto”.

La polémica

Consultado por la sanción aplicada en Las Condes, donde las personas arriesgan entre 3 y 5 UTM, el juez Cortés explicó a La Tercera que “yo tendría que estar demente para aplicar una sanción a un vendedor que ofrezca ensaladas y que eventualme­nte haya hecho el comentario de que el consumo de ese producto le ayuda a mantener bien su silueta”. El magistrado dijo que en este caso, que se enmarca en el plano de las relaciones entre hombres y mujeres, se está confundien­do el legítimo cortejo con el acoso sexual.

“En el primer caso, se da la situación en que una persona demuestra interés en alguien, que puede negarse a una eventual invitación, lo que no supone un costo emocional, sicológico ni económico. Y en el caso del acoso sexual, si una persona realiza un requerimie­nto y otra se niega, supone un costo, como cuando una secretaria es despedida por su jefe por negarse a salir con él”, aclaró. Sobre el fondo de la ordenanza, que castiga los piropos callejeros, la autoridad judicial de Casa Blanca sentenció que “el populismo es muy peligroso. De seguir así, uno ni siquiera va a poder invitar a una compañera de trabajo al cine, porque eso se calificarí­a como acoso sexual”.

En tanto, el edil de Recoleta, Daniel Jadue, dijo que “a los jueces lo que les correspond­e es aplicar la ley, no cuestionar­la, y en este caso nadie tiene derecho a interactua­r con otro si ese otro no está de acuerdo”.

Jadue dijo además que el juez “es un hijo del patriarcad­o”.

Lavín coincidió con su par de Recoleta y señaló que “lo que se busca es que nadie se sienta ofendido, porque nadie tiene el derecho a decirle una frase inapropiad­a a otra persona sin su consentimi­ento”. ●

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