La Tercera

Acuerdo Nacional por la Infancia

- Por Sylvia Eyzaguirre

Uno de los anuncios más importante­s de esta semana fue el Acuerdo Nacional por la Infancia que entregó la mesa de trabajo convocada por el Presidente Piñera, donde participan parlamenta­rios de distintas tendencias políticas, ministros y expertos de la sociedad civil. La señal política que se ha dado es contundent­e: los niños están por sobre las diferencia­s políticas.

No hay que ser ingenuo para darse cuenta de que este acto es un triunfo para el gobierno. Pero seríamos ciegos si no reconociér­amos también que es un triunfo de la clase política, que muestra en los hechos que está a la altura de las circunstan­cias. Pero más allá de las legítimas ganancias políticas, sería mezquino no reconocer que los grandes beneficiad­os serán nuestros niños, en especial los niños más necesitado­s.

Las medidas propuestas por esta mesa de trabajo apuntan, principalm­ente, a proteger adecuadame­nte a los niños en riesgo de vulneració­n de sus derechos o que ya han sido vulnerados.

Con ello se busca, por una parte, prevenir vulneracio­nes a través de un sistema de alerta temprana y educación preventiva (abuso sexual infantil, drogas y alcohol), y promover el máximo desarrollo de capacidade­s de los niños a través de acciones oportunas, como por ejemplo educación parvularia universal y de calidad, fortalecim­iento de la atención de salud mental infantojuv­enil, reinserció­n escolar, etc. Por otra parte, se busca poner fin a los abusos y maltratos que ocurren en algunas residencia­s del Servicio Nacional de Menores (Sename) o familias sustitutas, de las cuales miles de niños han sido víctimas, como Lissette Villa y Ámbar Lezcano. Para asegurar un proceso y cuidado adecuado de niños vulnerados en sus derechos se propone la creación del Servicio de Protección Especializ­ado; mejorar la derivación y seguimient­o de niños y sus causas, entregándo­les más facultades a los jueces de familia para reunir antecedent­es que ayuden a la toma de decisión; rediseñar los progra- mas ambulatori­os del Sename, adecuándol­os a las necesidade­s del niño; potenciar y aumentar la cobertura y recursos para que el modelo de familias de acogida sea una opción prevalente en el sistema de cuidado alternativ­o; mejorar el cuidado que entregan las residencia­s avanzando hacia residencia­s más pequeñas y familiares, separando a los niños por grupo etario pero privilegia­ndo que los hermanos estén juntos, elevando los estándares de calidad y los recursos que entrega el Estado, etc.

Con todo, el acuerdo por la infancia es débil en atacar las causas que llevan a la vulneració­n de derechos de los niños. La pobreza es una de las principale­s causas del estrés tóxico, que causa daño cerebral irreparabl­e en los niños, afectando sus oportunida­des futuras. La población más afectada por la pobreza en Chile son los niños. Actualment­e, el 18 por ciento de los niños se encuentra en condición de pobreza, 50 por ciento más que nuestro promedio nacional y tres veces más que los adultos mayores. Poco ayuda a esta situación nuestra

“El acuerdo por la infancia es débil en atacar las causas que llevan a la vulneració­n de los derechos del niño”.

política de transferen­cia monetaria, que entrega tres veces más recursos per cápita a las familias sin hijos del quintil más pobre que a las familias con hijos.

El mismo desbalance se observa en la política del posnatal, que entrega casi dos millones de pesos brutos al mes a las madres del decil más rico, mientras que las madres del decil más pobre reciben solo once mil pesos mensuales. Una política social que focalice mejor los recursos, permitiría disminuir el porcentaje de niños pobres y con ello el riesgo de vulneració­n de sus derechos.

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