INSÓLITA CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA ESTATAL
Es inexplicable que la actual administración esté validando la noción de un Estado empresario, y que los problemas del país se resuelven con más burocracia.
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En el Congreso avanza el proyecto de ley que busca crear una nueva empresa del Estado -fue aprobado por 135 votos en la Cámara de Diputados, y ahora lo analiza la comisión de Hacienda del Senado-, cuyo objetivo es administrar los distintos programas de garantías que actualmente gestiona Corfo para la pequeña y mediana empresa.
La justificación para crear esta nueva estructura es recoger las sugerencias del Banco Mundial, que para efectos de asegurar una mejor gestión en el manejo de estos fondos, recomendó la implementación de una “persona jurídica” independiente de Corfo. El gobierno pasado había optado por la fórmula de transferir todos los activos que Corfo maneja en garantías a una empresa estatal ya existente, la Sociedad Agrícola Sacor; sin embargo, durante la tramitación parlamentaria se advirtió que dicha sociedad carecía del soporte institucional adecuado, y fue así como a comienzos de este año se propuso crear una nueva empresa estatal -Intermediación Financiera S.A (Infisa), que sería continuadora de Sacor-, íntegramente de propiedad del Fisco y la Corfo, pero con patrimonio propio, directores, planta funcionaria, etc.
Es desconcertante que para efectos de buscar una manera de gestionar mejor estas garantías se haya optado por crear una nueva empresa del Estado, sin reparar en el retroceso que supone esta fórmula. Aún más incomprensible es que el actual gobierno y una parte considerable de los parlamentarios oficialistas se hayan plegado a esta idea, algo muy lejano al ideario de dejar atrás el concepto de Estado empresario y apostar por estructuras públicas más livianas y eficientes.
La fórmula que se ha escogido no solo enfrenta reparos desde un punto de vista constitucional -donde el espíritu es reservar la función empresarial del Estado solo en casos muy calificados-, sino que valida la noción de que es lícito seguir aumentando la burocracia estatal, incluso hasta el punto de crear una nueva empresa, para resolver los problemas del país. Es fácil advertir los riesgos de captura por parte de intereses políticos -la inmensa mayoría de las actuales empresas públicas ha sido objeto del “cuoteo”, ¿por qué Incofin debería ser distinta?-, y no se ha ofrecido evidencia que justifique que una estructura empresarial sería más eficiente en la gestión de estos recursos antes que una agencia dotada de similares facultades.
Quizás lo más lamentable de todo es que si prospera esta iniciativa, implícitamente el país está renunciando a retomar el proceso de revisar la actual estructura de empresas públicas, con el fin de hacer más eficiente al Estado y abrir mayor margen a que esos espacios sean ocupados por la iniciativa privada. Actualmente hay 32 empresas públicas -una cantidad ciertamente desproporcionada-, varias de las cuales no parecen tener ya justificación alguna, pero aun así siguen en funciones. Es bien sabido que, una vez creada una nueva entidad estatal, la posibilidad de eliminarla a futuro se hace muy improbable.
Un ejemplo nítido de lo anterior es lo complejo que resultó el cierre de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza), una entidad que a pesar de que no prestaba ninguna utilidad al país, recién se le pudo poner término en 2013. Es llamativo que habiendo sido el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera el que promovió el cierre de Emaza, sea bajo su nueva administración que se esté validando crear otra empresa del Estado, aun cuando su función no sea propiamente productiva.