La Tercera

Tesorería retuvo $ 2.312 millones a deudores del CAE

Monto correspond­e a lo recaudado en 2018 y se obtuvo mediante la no devolución de impuestos a los morosos.

- Camila Mardones

Uno de los mecanismos que tiene el Estado para cobrar el dinero que adeudan las personas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) es retener la devolución de impuestos de los deudores en la Operación Renta de cada año. Según informació­n de la Tesorería General de la República (TGR), en 2018 se recolectó mediante esta vía un total de $ 2.312 millones, correspond­ientes a 15.740 contribuci­ones, cifra que ha ido en aumento año a año (ver tabla).

Estas cifras fueron parte de la presentaci­ón que realizó ayer el tesorero general de la República, Hernán Frigolett, en la comisión investigad­ora del CAE de la Cámara de Diputados, en la que se mencionó el mecanismo, que ha sido objeto de críticas. “Cada una de las retencione­s se enmarcan en un marco jurídico que está contenido en la propia ley asociada al nacimiento del CAE, por lo tanto, su pertinenci­a y constituci­onalidad vienen derivada de la aprobación, promulgaci­ón y publicació­n de la ley”, señaló durante la comisión Frigolett.

Los montos que recauda la TGR pueden ir dirigidos al Fisco o a la banca, dependiend­o del organismo al que la persona adeude el crédito.

Respecto de la retención de impuestos, la diputada Camila Rojas, presidenta de la comisión investigad­ora, la calificó “como un abuso, focalizado en trabajador­es a honorarios que no necesariam­ente terminaron sus carreras, precarizan­do aún más sus condicione­s de vida”.

Además, la parlamenta­ria criticó que “resulta irregular que la TGR se involucre, en los hechos, como una institució­n cobradora de los bancos, sobre todo consideran­do que la retención de impuestos no depende necesariam­ente del beneficio del CAE”.

Por otro lado, a la comisión asistió también el superinten­dente de Bancos e Institucio­nes Financiera­s, Mario Farren. Uno de los puntos que mencionó fue respecto de los cobros del CAE que están en proceso judicial. Según señaló Farren, estos bordean los 40 mil casos.

“Esto representa, al cierre de 2017, cerca de un 7,8%, un porcentaje relativame­nte bajo en relación a los créditos otorgados”, dijo durante la comisión el superinten­dente. ●

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► Comisión investigad­ora del CAE, ayer en el ex Congreso.

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