Ministro del Interior ingresa queja contra juez de San Antonio
Imputado puesto en libertad por magistrado cuestionado quedó ayer en prisión preventiva en Rancagua.
El anuncio hecho por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, finalmente se concretó, luego de que su cartera presentara ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de queja contra la resolución del juez de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien el 29 de mayo declaró ilegal la detención de dos imputados que portaban armas y municiones en un vehículo con vidrios polarizados, argumentando un vicio en el proceso policial. La resolución del magistrado desató una serie de críticas a la decisión judicial.
Sin embargo, el gobierno se puso del lado de la policía uniformada y, a través de un escrito de 10 páginas, presentó la queja por el actuar del juez ante el tribunal de alzada. Según argumentó Interior en el recurso de queja, hubo una “grave falta y abuso del derementación cho” en la resolución dictada, porque “se restringió la posibilidad del Ministerio Público de formalizar la investigación de manera inmediata en la audiencia de control de detención de los imputados”.
Durante la audiencia de mayo, el fiscal Álvaro Mancilla relató los detalles de la detención al magistrado, dando cuenta de que los sujetos viajaban en un automóvil con vidrios polarizados y con armas en su maletero, apelando a la flagrancia del delito.
Pero fue en ese instante cuando Flores Menéndez alertó sobre la legalidad de la detención. “Creí que iba a ser más fácil, pero me acabo de dar cuenta de algo. Tenemos un vehículo transitando por la vía pública; tenemos a carabineros que controlan el vehículo con base a las facultades del tránsito; tenemos un vehículo con los vidrios polarizados, y piden que bajen los vidrios; tenemos el control del conductor del vehículo que muestra su docu- y del copiloto y, luego, ¿cómo llegamos a registrar la maleta, en base a qué facultades?”, le pregunta al fiscal. La decisión del magistrado se basa en que la detención infringió el artículo 85 del Código Procesal Penal, que no da facultades a la policía para registrar a una persona durante un control de identidad.
En base a eso, el juez ordenó la libertad de ambos imputados, invocando, además, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue cuestionada por Interior en la queja, asegurando que dicha convención no colisiona con el artículo 132, inciso 4° del Código Procesal Penal, que señala que “la declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado asistente del fiscal pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que sean procedentes”.
Finalmente, el escrito hace presente que al terminar la audiencia, Flores les recomendó a los imputados volver a la formalización fijada para el 19 de junio, porque “si vienen caminando lo más probable es que al final del día puedan ser absueltos”, lo que, a juicio del gobierno, es “un acto de prejuzgamiento a los imputados que claramente demostró la falta de imparcialidad”.
La Tercera se contactó con Flores y, consultado por la polémica resolución, manifestó escuetamente que “estamos a la espera de lo que diga la Corte de Apelaciones”. Consultado sobre si estaba tranquilo con su decisión, señaló que “la tomé con base a los antecedentes que había en audiencia”.
El juez en la comisaría
Ayer, La Tercera PM reveló que el juez Flores llamó dos veces a la Segunda Comisaría de Carabineros de Cartagena cuando Manuel Olivares Maldonado fue detenido el lunes pasado por segunda vez, luego que se emanara una orden de detención del Tribunal de Garantía de Rancagua por una investigación de tráfico de armas y drogas. En un lapso de 20 minutos, Flores hizo dos llamados para pedir antecedentes sobre la detención del OS-7 (ver secundaria).
Sin embargo, las consultas del juez no solo se hicieron por teléfono. Frente a la respuesta del personal policial, quienes le señalaron que se trataba una diligencia por orden del juez de Garantía de Rancagua, Luis Barría, Flores les dijo que se trasladaría a la comisaría para obtener mayores detalles.
Casi media hora después de cortar el teléfono, llegó el magistrado y realizó preguntas al personal de la comisaría. Le respondieron lo mismo que en las anteriores llamadas y esta vez, como el detenido ya no se encontraba en la unidad, el juez Flores les manifestó que no tenía más dudas y se fue.
Al respecto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que “no tengo mayores antecedentes, el que tiene que explicar esos llamados es el juez de San Antonio, porque obviamente también es extraño”. El gobierno y la fiscalía ya cuentan con la constancia que dejó Carabineros al respecto.
El juez, no obstante, respondió. Consultado por estos hechos señaló que “me llamó la defensa interponiendo un amparo judicial a favor del imputado, facultad que tiene cualquier persona para que se revise la detención de un sujeto por si se ajusta a derecho o no”.
Agregó que llamó a la policía, quienes no pudieron entregarle la información por teléfono, y fue por eso que “la defensa me insistió en que era mi obligación legal constituirme para revisar la legalidad de la detención. De eso trató mi diligencia de ayer y se ajusta al artículo 95 del Código Procesal Penal”.