LA PRESENCIA DE OAS EN LA POLÍTICA CHILENA . CRÍTICAS DEL GOBIERNO AL PODER JUDICIAL
Es imperativo investigar a fondo la naturaleza de los contactos que la cuestionada constructora brasileña tuvo en nuestro país, para así despejar cualquier suspicacia.
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El reportaje que publicó este medio respecto de los vínculos de la constructora brasileña OAS con algunos dirigentes de la actual oposición -entre otros antecedentes, se dio cuenta de que hubo aportes para el financiamiento de campañas políticas en 2009-, ha provocado un justificado revuelo, ante la posibilidad de que la empresa brasileña -envuelta en el gigantesco escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”- también pudiera haber extendido sus tentáculos en Chile.
El Ministerio Público ya había abierto una investigación que afecta al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien durante la campaña del 2009 utilizó un jet privado que, según ha podido establecer la Fiscalía, fue pagado por OAS. A raíz de esa indagatoria surgieron otros antecedentes que revelaron diversos contactos entre personeros de la antigua Concertación y de la actual Nueva Mayoría.
Resulta de interés público despejar la naturaleza de estos contactos políticos y en qué medida OAS pudo haber tratado de ejercer una influencia indebida. Pese a la investigación judicial en curso, varias de las aristas del caso se encontrarían prescritas -en virtud de la cuestionable norma que establece la prescripción de dos años en el caso de delitos relativos al financiamiento electoral-, lo que hace aún más indispensable que se impulse una investigación que establezca si hay o no responsabilidades políticas.
El camino para llevar adelante este proceso debería ser una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero desgraciadamente hay precedentes que resultan poco auspiciosos. El caso OAS ya había sido objeto de la conformación de una comisión (“OAS 1”), cuya puesta en marcha fue en abril del año pasado. Pese a la contundencia con que fue creada 64 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones-, a muy poco andar su accionar comenzó a perder impulso y finalmente fue incapaz de evacuar algún informe. En ello hubo una clara falta de interés de los propios diputados, autoridades de la época y dirigentes políticos, que pusieron muy poco empeño para que esta instancia produjera frutos, ya fuera desestimando que hubo nexos irregulares con OAS, o confirmando posibles ilícitos y responsabilidades políticas.
Una desidia así es injustificable considerando el historial de OAS, cuya red de corrupción fue muy extensa y alcanzó hasta el propio expresidente Lula da Silva, actualmente cumpliendo pena de cárcel. El llamado a conformar una comisión “OAS 2” debería ser la oportunidad para que esta vez la Cámara emprenda una investigación exhaustiva sobre el caso, porque de esa forma se darían señales inequívocas de un compromiso en contra de la corrupción. El fuerte desprestigio en que ha caído nuestra clase política -entre otras razones por los escándalos locales de financiamiento irregular- no admitiría más vacilaciones.
OAS ya está presente en el país como parte del consorcio internacional que construye el Puente Chacao. Algunos dirigentes políticos han solicitado investigar también esta concesión. Ello resultaría plausible en la medida que surgieran antecedentes comprometedores; pero poner bajo sospecha de antemano esta licitación no parece responsable, y más bien parece un distractor.