“Nicolás Maduro se ha equivocado en demasiadas cosas”
Gustavo Petro, candidato presidencial colombiano.
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Si el lunes correspondió a la fiscalía abrir la primera jornada de alegatos en el juicio del caso Caval, ayer fue el turno de las defensas de los acusados, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, socios de la firma que en 2014 compró 44 hectáreas en Machalí, Región de O’Higgins.
La Fiscalía de Rancagua acusa a Valero del delito de soborno por supuestos pagos a funcionarios públicos de la Municipalidad de Machalí, a cambio de que realizaran gestiones para modificar el uso de suelo de los terrenos adquiridos por Caval. En tanto, a Compagnon se le atribuye el ilícito tributario de emisión de facturas ideológicamente falsas por $ 108 millones. También está acusada por ser una de las representantes de la empresa, la que está imputada por el delito de soborno.
En defensa de Mauricio Valero, el abogado Felipe Jiménez señaló que su representado nunca pagó a funcionarios públicos. En ese sentido, afirmó que “Caval no controló el cambio de uso de suelo”, apuntando directamente a las gestiones que habría realizado Herman Chadwick, el síndico liquidador de las tierras que compró la empresa, y Juan Díaz, corredor de los terrenos.
“Chadwick ya había hecho el cambio de uso de suelo, resultando de una gestión anterior a que Caval comprara los predios en 2014”, dijo Jiménez, quien agregó que “existen innumerables correos, pruebas, boletas, cheques, glosas, informes a la Superintendencia de Insolvencia, que dan cuenta de las funciones de por qué se pagó y cuánto, entre Juan Díaz y Chadwick, señalándose cómo avanza o retrocede este proceso. Pero no existe ninguno entre Mauricio Valero y Juan Díaz, lo que aún vuelve más insólita la acusación”.
El abogado, además, señaló que el dinero que le pagó Valero a Juan Díaz fueron cerca de $ 9 millones, desde la cuenta personal de su defendido, para saldar las “deudas que mantenía la otra socia (Compagnon) con Díaz”.
Al terminar su presentación, Jiménez devolvió la mano a los fiscales del caso, quienes el lunes apuntaron al “abuso” que Compagnon habría hecho de sus lazos familiares con la expresidenta Michelle Bachelet al ser su nuera. El abogado manifestó que “no entendemos por qué no se formalizó a la persona correcta, salvo si consideramos el interés político de esta causa”.
El abogado de Caval, Antonio Garafulic, respaldó lo señalado por Jiménez, agregando que “la fiscalía está entrampada en la nuera de la entonces Presidenta de Chile y lo ve meramente como algo político”.
El tercero en tomar la palabra fue Carlos Fierro, representante de Compagnon, quien aseguró a los jueces que no existen los delitos tributarios que la fiscalía imputa, dado que la contabilidad estaba a cargo de la persona encargada del área contable de la empresa. En ese sentido, pidió que “entendiendo que no existe ningún antecedente en la carpeta investigativa, ni en las pruebas que traerá la fiscalía, pediremos su total y absoluta inocencia en este juicio”.
A la salida de la audiencia, el fiscal Sergio Moya descartó un afán político del ente persecutor. “Es absurdo. Hasta donde yo sé, ninguno de los dos es político, la señora Compagnon es cientista política y Valero relacionador público, profesiones con las que hicieron esta empresa que ganó miles de millones de pesos”, dijo. ●
“La fiscalía está entrampada en la nuera de la entonces Presidenta de Chile”.
ANTONIO GARAFULIC
ABOGADO DE CAVAL
“Es absurdo. Hasta donde yo sé, ninguno de los dos es político”.
SERGIO MOYA
FISCAL DEL CASO