El plan de la Súper para reducir en 50% la carga burocrática en colegios
Según datos de la Superintendencia de Educación, los directores de establecimientos educacionales ocupan el 60% de sus horas laborales en resolver requerimientos de distintas instituciones del Estado. Esta excesiva carga burocrática se traduce en 2.357 obligaciones, que los mantienen a ellos y a algunos profesores fuera del aula.
Para flexibilizar y simplificar esta situación, la Superintendencia de Educación realizó un informe llamado “Diagnóstico sobre carga administrativa generada a establecimientos educacionales”, en el que se plantean una serie de recomendaciones que podrían reducir hasta en la mitad estos tiempos.
La primera acción implica que todas las instituciones que pertenecen al Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) calendaricen de forma unificada algunos de los requerimientos que realizan a colegios para descomprimir la carga que se genera en meses como marzo. Por ejemplo, se plantea abrir durante todo el año la plataforma de rendición de cuentas, que actualmente funciona solo durante marzo.
Otra de las medidas apunta a unificar la forma en que se realizan solicitudes de una misma información. En el caso de la asistencia, son al menos cinco instituciones las que piden estos datos. Para este tema, se propone un repositorio con formularios únicos, que muestren en línea la asistencia y otros documentos.
“Hemos llegado al extremo de que el 60% de los establecimientos educacionales han tenido que contratar apoyo administrativo”, sostuvo el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo.
Desde la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados valoraron las medidas. Luis Cañas, presidente de la agrupación, sostuvo que “el ministerio debería tener un software al estilo del Servicio de Impuestos Internos y no pasar la información por plantillas de Excel, que es muy engorroso. Nosotros apoyamos todas las medidas que vayan a poder desahogar el sistema como está ahora”.
A sus palabra se sumó el alcalde de Lo Prado y presidente de la comisión de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, quien sostuvo que “nos parece al menos paradójico que la superintendencia sea un organismo del Estado que está permanentemente fiscalizando y sacando multas por la falta de recursos que el propio Estado no nos da”.
En este caso, la superintendencia pretende flexibilizar los lineamientos mediante los cuales fiscalizan, dependien- do de cada situación. “Nosotros no podemos dejar de fiscalizar a los establecimientos educacionales por bajarles la carga. Debemos fiscalizar de una manera más inteligente, menos invasiva”, afirmó el superintendente.
Respecto de la posibilidad de llevar a cabo las propuestas, Carlos Henríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, señaló que “me parecen viables, aunque cada una va a tener un timeline distinto. Lo importante es mapearlas muy bien con los distintos actores”.