Una mirada integral de transparencia
El mundo político nos ha acostumbrado a malas noticias, que cuando aparece una buena en el horizonte, es importante reconocerla. Esta semana la mesa del Senado anunció, pese a algunas resistencias, una serie de medidas en materia de transparencia activa y otras iniciativas que incluyen, entre otras cosas, transmisión de las sesiones de las comisiones (con excepción de las que se declaren secretas), publicación de antecedentes de viajes, viáticos, contrataciones de asesorías y de sedes parlamentarias. Por cierto, esta es una reacción al bullado capítulo de las asesorías parlamentarias cuestionadas, pero la resiliencia de las instituciones se prueba justamente cuando sus líderes son capaces de hacer frente a los problemas y proponer caminos de salida.
En el marco de la crisis de confianza en las instituciones en Chile, especial aunque no exclusivamente políticas, es positivo que se asuman las responsabilidades y se vaya incluso más allá de aquello que la propia norma establece. Esto es una buena práctica, porque permite reconstruir un vínculo que a ratos parece irreparable. Asumir además, políticas en materia de transparencia ayuda, tal como evidencian los estudios del Consejo para la Transparencia (CPLT), a mejorar la confianza en las instituciones.
En efecto, los estudios nacionales del CPLT muestran que cuando las personas conocen los mecanismos que les permiten acceder a la información y, además, los utilizan, confían más en las instituciones públicas. Parece interesante también constatar algo que ha sido una demanda reiterada en la información que el propio consejo ha recogido en los diálogos con distintos actores en regiones, las personas no sólo valoran la transparencia y las normas al respecto, sino que consideran que estas debieran ser exigibles a todos los poderes del Estado.
En tal sentido y a propósito de los anuncios del ejecutivo para avanzar en una agenda 2.0 en materia de transparencia, sería interesante preguntarse que otras iniciativas en materia de transparencia activa y derecho de acceso a la información pueden convertirse el día de mañana en ley, pero en una perspectiva más amplia, considerando no sólo el tipo de información que debe estar disponible o puede ser requerida, sino que también quien fiscaliza aquello, como se sancionan los incumplimientos y, en definitiva, como a partir de este mecanismo se contribuye a mejorar la calidad de la democracia. Ello implica una mirada integral de la política de transparencia y probidad, porque evidentemente esta normativa se vincula con otras materias y legislaciones, por ejemplo, para el caso de los parlamentarios, aquellas vinculadas al ejercicio de su cargo en periodos electorales y el eventual uso de recursos públicos, la transparencia de los partidos políticos o la necesidad de que otros organismos, más allá de los poderes del Estado, debieran también tener normas exigibles en materia de transparencia, asumiendo que realizan funciones que son de interés público.
La transformación de las instituciones y sus prácticas es una tarea constante que genera aprendizaje y mejora continua si el proceso está inspirado en valores por todos compartidos. Sin duda estas medidas son un primer paso importante para promover una cultura de transparencia y una función pública basada en los principios de la probidad. Abrir las ventanas y las puertas de las instituciones del Estado permiten disminuir los mantos de opacidad para combatir espacios que puedan ser fuente de corrupción, permite el control social y también reconstruye el vínculo con los ciudadanos.
Directora ejecutiva de Chile 21