Interior alista cambios a Ley de Armas para subir exigencias a inscripción
Las bandas criminales cambiaron las armas hechizas por las de grueso calibre. La fiscalía y el OS-9 de Carabineros han detectado testaferros que abastecen a las organizaciones.
Los últimos hechos policiales de connotación ocurridos en la Región Metropolitana tienen un denominador común: el grueso calibre de las armas que manejan hoy las bandas criminales. Un ejemplo: el imputado que mató al cabo de Carabineros, a comienzos de este mes, lo hizo con una Glock 9 mm, la que en el mercado tiene un valor que supera los $ 800 mil. Esta misma persona, meses antes había sido detenida por tener en su poder una subametralladora UZI.
Otro ejemplo: hace dos semanas, el OS-9 de Carabineros detuvo a una persona que no tenía antecedentes, era deportista de tiro y tenía sus armas correctamente inscritas. Poseía seis pistolas Glock y dos revólveres marca Taurus (tienen un valor de $ 300 mil). Hasta ahí todo bien, pero luego de una serie de diligencias se logró establecer que tendría un estrecho vínculo familiar con una banda de narcotraficantes de La Pintana.
Estos casos, sumados a los enfrentamientos entre bandas de la población La Legua, abren una interrogante: ¿De dónde y cómo se están armando las bandas criminales? Este año, el OS-9 ha incautado 75 armas de fuego, todas de marca y ninguna de fabricación artesanal.
De acuerdo a la información que maneja la Fiscalía Sur, se han detectado distintos focos de “abastecimiento” para estas agrupaciones. Uno de ellos es el de los testaferros: método en el que se usa a una persona sin antecedentes, quien se anota en un club de tiro y automáticamente tiene derecho a inscribir ocho armas. Una vez registradas, las arriendan o las venden a las organizaciones criminales.
De estos casos también tiene registro Carabineros. Incluso, se maneja información de causas abiertas donde terceros adquieren armas en $ 800 mil y luego las venden a narcotraficantes por $ 2 millones.
Una de estas investigaciones está vinculada a una armería en la calle Alonso de Ovalle, donde hace dos semanas efectivos de Carabineros allanó el lugar y detectó que, además de vender armas, existía un club de tiro que contaba con más de 500 socios. “Curioso”, señaló un efectivo que participó del allanamiento.
Otro caso de testaferros o “palos blancos” se presenta en una fiscalía regional, fuera de Santiago. Se trata de un caso en pleno desarrollo, donde se indaga a un coleccionista de
armas que vive en un fundo, quien arrienda armas a bandas de narcotraficantes de la zona. Según señalaron fuentes del caso, el arrendador no cambia las armas por dinero, sino que por cocaína.
El fiscal Sur, jefe de la Unidad Antinarcóticos y Crimen Organizado, Cristián Galdames, explicó que en la figura del testaferro “las bandas criminales compran las armas o las arriendan. Para efectuar la persecución penal, claro que se hace más complejo, porque al ‘palo blanco’ se le detecta sin complicación, se llega rápido. Se complica cuando se busca llegar a personas que tienen mayor participación en la organización”.
Los recintos policiales y militares también han sido objeto de robos y de pérdidas de armas. El caso más reciente ocurrió en mayo de 2017, cuando desde la Escuela de Formación de Carabineros se extraviaron 20 armas, algunas de alto calibre, como subametralladoras UZI.
Sin ir más lejos, una de estas armas fue encontrada en manos del presunto autor del crimen de un carabinero, meses antes de ser detenido por el homicidio del cabo Óscar Galindo. La búsqueda de las armas aún no concluye y se cree que hay algunas dando vueltas en las poblaciones de Santiago.
Alto poder de fuego
El armamento de las bandas mutó, explicaron tanto desde la fiscalía como de Carabineros, y las armas hechizas ya no son tan vistas en manos de las agrupaciones de narcotraficantes.
El jefe del Departamento OS-9 de Carabineros, comandante Francisco Villarroel, señaló que “el tener mayor capacidad para adquirir las armas, ya sea por asaltos o tráfico de drogas, a estas organizaciones les permite ir mejorando su armamento para defender el territorio. Además, a medida que estos grupos fueron aumentando en número e incrementando su poder adquisitivo, fueron mejorando estas armas”.
Agregó que “hace unos cinco años, se veían en las incautaciones de armas pistolas hechizas o armas modificadas, armas de fantasía que les ponían un cañón y les permitía disparar munición de alto calibre, pero hoy ya no. Son de buen nivel”.
Por ejemplo, en una última incautación de armas hecha por la policía uniformada se requisó un rifle de grueso calibre con un cargador expandido. Además, tenía un silenciador.
Para el fiscal Galdames, “nadie lo puede negar (el paso de la hechiza a las armas más profesionales), y dentro del arma hechiza también hay una evolución, ya no son los dos tubos con una aguja, ahora hay harta arma clandestina bastante sofisticada, incluso existen réplicas. Este es un fenómeno paulatino, no es que haya sido de un día para otro”.
La norma que regula el uso de armas de fuego es la Ley 17.798, la que establece que la Dirección General de Movilización Nacional está a cargo de “supervigilancia y control de las armas”, pero es Carabineros el encargado de su fiscalización.
La fiscalización, sin embargo, no puede ser a toda hora. El artículo 5 de la ley establece que “esta diligencia solo podrá realizarse entre las 8.00 y 22 horas”.
Para el senador PPD Felipe Harboe, se necesita cambiar la ley, dado que presenta situaciones que no parecen acordes a los tiempos. “Un ejemplo: en la Región de Valparaíso hay 91.200 armas inscritas , pero 20 mil dueños de estas armas fallecieron. Esto da cuenta de que las bases de datos de la DGMN está desactualizada y es urgente que se convoque a un proceso de reinscripción de las armas”, explicó.