Instalación del gobierno, acorde a los nuevos tiempos

Ya en el cuarto mes de gobierno, aún se escuchan críticas respecto de la instalación del mismo. Que ha estado lleno de errores, debiendo revocar algunos nombramientos, y que en regiones la instalación ha sido lenta. Así, cabe preguntarse, ¿se deben estas críticas a frustradas expectativas de ciertos sectores políticos por no haber aumentado su cuota de poder en determinadas regiones del país? o bien, ¿se trata de una preocupación genuina en cuanto a que el Estado ha dejado de proveer determinados bienes y servicios a la ciudadanía por falta de nombramientos? Dichas críticas pudieran ser válidas en caso que se trate de lo segundo, pero lamentablemente se trataría más de lo primero.

Pero, ¿qué ha pasado con el proceso de instalación más allá de la casuística y los casos de amplia cobertura periodística?

Al asumir el nuevo gobierno, éste debió enfrentar el nombramiento de casi 2.000 funcionarios de exclusiva confianza. Además de los 23 ministros y 33 subsecretarios, debió designar cargos diplomáticos, intendentes, gobernadores, seremis y jefes de división de Subsecretarías, entre otros. Estos cargos de exclusiva confianza ascienden a 761. A la fecha, en menos del 4% han tenido inconvenientes, cifra que está en línea con las mayores exigencias que se ha impuesto desde el gobierno y la ciudadanía.

Los restantes 1.222 cargos, son aquellos que si bien son de exclusiva confianza deben ser provistos por medio de la Alta Dirección Pública (ADP) luego de un concurso público. 125 cargos corresponden a jefes de servicio y 997 a cargos de II nivel, de dependencia directa de los jefes de servicio.

A la fecha, en estos cargos sólo se han nombrado 10 jefes de servicio y 16 cargos de II nivel. Es decir, de los 1.222 cargos que deben ser provistos mediante la ADP, sólo 26 corresponden a funcionarios asumidos después del 11 de marzo, el 2% de los cargos. Se han mantenido en gran medida a las personas que fueron designadas por el gobierno anterior. Ello pudiera ser más notorio aún en regiones, donde los directores regionales de los servicios públicos –y que en gran medida corresponden a cargos que deben ser provistos por la ADP- son una cara visible e importante del Estado.

Fue precisamente la reforma legal de 2016, apoyada por todos los sectores políticos, la que llevó a que la instalación del gobierno en los cargos nombrados por la ADP no sea en forma inmediata al asumir, sino que después de un proceso de evaluación y eventual remoción de los funcionarios en esos cargos y luego de un concurso.

Con todo, la buena noticia es que las críticas al proceso de instalación del nuevo gobierno no tienen que ver con el desarrollo de las tareas que le son propias al Estado, sino más bien al nuevo contexto legal y exigencias propias de una ciudadanía más empoderada.