Cuando entendamos que...
Existe un estereotipo, que parte de verdad posee, según el cual las personas de izquierdas suelen tener una baja valorización del crecimiento de la economía como elemento básico a la hora de intentar construir sociedades que otorguen más oportunidades de desarrollo. Y existe otro que señala que mientras más de derechas, las personas descreen de las políticas públicas que buscan la reinserción social de aquellos que han caído en el delito como forma de vida.
En estos días acaso hemos presenciado, atónitos, la expresión más bárbara, la que entiende que la autotutela, la supuesta justicia por mano propia, es una buena práctica aceptable y que incluso merece el aplauso. Es cierto que nuestra sociedad mira con preocupación, con razón, cómo la repetición —con altos grados de ausencia de castigo— de conductas delictivas va haciendo más insegura la cotidianidad de las personas. Es cierto también que a las autoridades gubernamentales les es difícil escapar de medidas efectistas más que efectivas; se prefiere lo llamativo, lo inmediato, para evitar el riesgo de ser acusado de inacción. Créanme que es difícil escapar a aquello.
Solo cuando entendemos —lo más transversalmente posible— que en materia de seguridad no hay solución mágica y que solo la persistencia de un sistema que contemple acciones destinadas a evitar la impunidad y la creación de instrumentos de contención social del delito, podremos tener perspectivas de detener la creciente inseguridad, térmica o real.
Permítame el lector dar brevemente un ejemplo de política pública en esta línea. La evidencia indica que la ecuación Droga-Delito-Droga está absolutamente ligada al clima de inseguridad. Desde el año 2004 se estableció en Chile —inicialmente como piloto en Valparaíso, con el apoyo de técnicos de Fundación Paz Ciudadana— los “Tribunales de Tratamiento de Drogas”. Estos funcionan a través de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, en virtud del cual, mediando el acuerdo del fiscal y el imputado, se suspende el procedimiento a condición de que se someta a un tratamiento de rehabilitación del consumo problemático, provisto por el Estado y bajo la supervisión del juez. Actualmente este programa existe en 29 tribunales orales, y un reciente estudio elaborado por Paz Ciudadana, bajo el patrocinio del BID, muestra reducciones en la reincidencia delictual de los infractores.
En el 2013 se propuso un proyecto de ley para ampliar el ámbito de aplicación y que aborde delitos de mediana lesividad, buscando con ello captar delincuentes primerizos y reincidentes vinculados con la comisión de delitos contra la propiedad, los que más contribuyen a la inseguridad. Este tipo de tribunales no fue abordado en el programa del actual gobierno, tampoco en la primera cuenta pública, y bueno sería se pronunciaran; son de aquellas decisiones que significan entender el problema.
Reconozco que el discurso del Presidente ha sido atenuado en relación con su primera administración; ya no se trata de que los otros lo hicieron todo mal, ni de que se acabó la fiesta de los delincuentes, y la creación de un grupo trasversal para que haga propuestas en áreas de la seguridad es un síntoma de ese buen talante. Pero junto con aquello es indispensable asumir la tarea de disminuir la reincidencia, sin duda una de las causalidades más gravosas. No basta con amenazas difíciles de cumplir de más presos y presidios, hay que asumir ideas de cumplimiento en medio libre, con resguardos: la evidencia internacional lo aconseja, también los estudios evaluados por la Fundación Paz Ciudadana.