La Tercera

Una señal posible

- Marcela Ríos Representa­nte residente adjunta PNUD

Una democracia representa­tiva se construye sobre la base de elecciones en que se selecciona a quienes tomarán decisiones a nombre del pueblo. Por ello, históricam­ente las democracia­s han debatido cuál es la retribució­n adecuada para quienes asumen esta función. A pesar de la universali­dad del problema, no hay recetas únicas ni respuestas obvias. Se ha evoluciona­do desde una situación en que, en ausencia de una remuneraci­ón, sólo los ricos podían dedicar parte de su tiempo a la representa­ción, a una donde cada vez más países pagan remuneraci­ones relativame­nte altas y financian la actividad política para que esa función pueda ser ejercida por cualquier ciudadana/o. Someter a escrutinio el tipo y monto de las remuneraci­ones de representa­ntes electos es por tanto no sólo legítimo, sino consustanc­ial a la construcci­ón de las democracia­s en un mundo moderno.

Para definir qué retribució­n monetaria es la adecuada para un legislador en Chile se debe definir los objetivos que se persiguen y los parámetros con los que se le quiere comparar. Así, por ejemplo, se debe resguardar que cualquier persona pueda sostener a su familia de manera adecuada con dicha remuneraci­ón, consideran­do entonces si la función legislativ­a es de dedicación exclusiva o no; como sí lo es la de ministros a la cual fue equiparada en la Constituci­ón. Esto no es lo mismo que decir que los sueldos de parlamenta­rios deben ser altos para atraer personas calificada­s a dicha esfera. Dicho razonamien­to puede ser equivoco y peligroso si se busca fortalecer la representa­ción democrátic­a. Una elección legislativ­a no es el sistema de Alta Dirección Pública donde las remuneraci­ones sirven para atraer a quienes podrían estar en cargos equivalent­es en el sector privado. Para llegar al Congreso no es necesario contar con un posgrado sino con una trayectori­a de liderazgo político y social conectada con intereses existentes en la sociedad, con el apoyo de un partido o coalición y con vocación de servicio público.

Por su parte, si se compara la dieta parlamenta­ria actual con sueldos de otras altas autoridade­s del

Estado no se evidencian diferencia­s significat­ivas

(Fiscal Nacional, Consejeros del Banco Central por ejemplo). Sin embargo, existe una distancia significat­iva cuando se compara con los niveles de sueldo en el país independie­ntemente del indicador que se utilice.

El PNUD en Chile elaboró un informe a comienzos del 2016 analizando 26 países para los cuales existía informació­n completa sobre sus cámaras bajas. El estudio mostraba, además, que las dietas en Chile eran las más altas entre los 26 países analizados y superaban en 4,7 veces el promedio mundial informado por la Unión Interparla­mentaria. Al comparar las dietas como proporción del producto interno bruto per cápita de cada país, encontramo­s que en 2015 en Chile el ingreso de un parlamenta­rio equivalía a 13 veces el PIB per cápita, sólo superado en nuestra muestra por Lesoto, Nicaragua, Colombia e India (con diferencia­s entre 17 y 32 veces). La cifra era de 5,3 veces el PIB per cápita en Italia, 3,2 veces en EEUU, entre 2,6 y 3 veces en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. La distancia entre las remuneraci­ones de los legislador­es y el salario promedio o el sueldo mínimo siguen una tendencia similar.

Disminuir las remuneraci­ones de legislador­es ciertament­e no resolverá los problemas de desigualda­d de ingresos en el país, pero puede ser una medida acertada no sólo en términos políticos, sino también técnicos. Más allá de entregar una señal a la ciudadanía para buscar disminuir la distancia entre los electores y sus representa­ntes, no es evidente qué razones de política pública o eficiencia legislativ­a justifican las diferencia­s actuales entre las remuneraci­ones de parlamenta­rios chilenos y las de sus pares en otras democracia­s avanzadas. Promover una reducción resguardan­do la dignidad e importanci­a de la función legislativ­a es posible si se enfrenta con seriedad y buscando avanzar en niveles de igualdad social y política.

Reducir las dietas puede ser una medida acertada en términos políticos y técnicos.

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