Desafíos de la modernización del Estado
Esta semana se anunció la creación de un Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, asumiendo como premisa fundamental que este es un tema que va más allá de los ciclos políticos y de la duración de los gobiernos, siendo, por tanto, de suma importancia poder imprimir en la discusión una perspectiva de largo plazo. No es la primera vez que en las últimas décadas se plantea una iniciativa de esta naturaleza, porque este ha sido un tema recurrente en los programas de gobierno de los últimos años, muy en sintonía con los debates que se han observado en otras latitudes.
En efecto, en las últimas décadas el Estado en América Latina ha sido uno de los temas de debate más recurrentes entre los actores políticos, la academia y los organismos internacionales, donde es posible observar al menos dos miradas que se imprimen en la adopción de políticas públicas. Por una parte, un enfoque que pone énfasis en los desafíos y la naturaleza del Estado a partir de la transformación de las sociedades, lo que implica poner al centro del debate la discusión sobre su rol y su tamaño (llamadas “reformas sustanciales”). En una segunda línea de discusión se encuentra la adopción de políticas concretas referidas más específicamente a lo que se ha llamado “modernización” del Estado, asociada a la gestión pública (llamadas “reformas institucionales”). Ambas perspectivas han tenido plena vigencia en las discusiones públicas, aunque con una marcada tendencia en favor de esta segunda perspectiva, al menos en la adopción de políticas.
Lo anterior se explica por razones más o menos evidentes. La necesidad de atender las urgencias de los ciudadanos por parte de la administración del Estado ha concentrado los esfuerzos en materia de gestión, relegando la mayor parte de las veces el debate sobre el Estado y su rol, tema de sumo interés porque se refiere ni más ni menos que al modelo de desarrollo del país.
Desde la recuperación de la democracia en Chile, las iniciativas en materia de modernización del Estado se han dado en forma de “oleadas”, vinculadas principalmente a agendas y saltos importantes en la gestión pública. Por poner solo algunos ejemplos, podemos encontrar iniciativas importantes como la creación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la democratización de los gobiernos locales y la creación de institucional id ad social( Aylwin);l acre aciónd el Comité In ter ministerial de Modernización del Estado que llevó adelante una agenda relevante en lama teria(Frei ); los acuerdos político legislativos para la modernización del Estado, que entre sus logros cuenta con la creación de la Alta Dirección Pública y un marcado énfasis enlame jora de la gestión pública( Lagos ); Ley de Transparencia y nueva institucional ida den materia de energía, medio ambiente y gobiernos corporativos( primer gobierno deBa che l et ); la agilización de trámites (Chile Atiende) y énfasis en iniciativas de gobierno abierto y regulación del lobby (primer gobierno de Piñera); Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ciencia y Tecnología, Asuntos Indígenas y Cultura y las Artes (segundo mandato de Bachelet). Probablemente la lista no es exhaustiva y tiene muchas omisiones, pero deja ver la voluntad férrea de distintos gobiernos por modernizar la gestión pública para hacerla más coherente con las necesidades de los ciudadanos.
Lo que hoy se plantea es una oportunidad única de mirar todo lo que se ha avanzado en esta materia para desde ahí proyectar el tipo de Estado que queremos construir. Por cierto, esto también es una oportunidad para tener un debate con altura de miras sobre el rol del Estado; mal que mal, al centro de esta discusión se encuentra también una necesaria mirada sobre nuestro modelo de desarrollo.