La Tercera

“Si queremos una buena educación pública hay que darles dignidad a los colegios”

- Camila Mardones

Doce tomas en menos de un mes en el Liceo 1 Javiera Carrera, daños por $ 300 millones en el Amunátegui y, en general, más de 50 días sin clases han marcado las movilizaci­ones escolares este año en Santiago. El alcalde de la comuna aseguró que se ha dialogado con los estudiante­s y remarcó la importanci­a de mejorar la infraestru­ctura.

Un total de 52 días sin clases suman los siete liceos de Santiago que han estado en tomas durante las movilizaci­ones este año. Sus demandas se enmarcan en el movimiento feminista, pero, además, en petitorios internos que incluyen desde serios problemas de infraestru­ctura al rechazo de políticas como el “rompepaga” que ha implementa­do el municipio. El alcalde Felipe Alessandri conversó con La Tercera y explicó cómo se están buscando recursos para reparar los daños en algunos establecim­ientos, y también aseguró que no se cerrarán procesos disciplina­rios de estudiante­s.

¿Cree que las tomas han impactado en la calidad de los liceos emblemátic­os?

Sería miope desconocer­lo. Claramente, los paros y las tomas constantes en los últimos 10 años han generado un daño que estamos palpando hoy en nuestros liceos emblemátic­os y ha sido una estocada al corazón de la educación pública.

¿Ha tenido efectos en la matrícula?

Hemos visto que liceos como el de Aplicación, el Instituto Nacional o el Amunátegui tienen matrícula disponible. Años atrás eso era impensado. Hoy, los padres están optando por otros colegios, porque dicen que no quieren que sus hijos pasen en toma. Ese es un indicador muy claro de que las tomas y la destrucció­n de los colegios han generado una pérdida de matrícula importante y han atacado la excelencia académica.

¿Han visto efectos en los resultados Simce o PSU?

Mantenemos en algunos de nuestros colegios resultados bastante positivos. Tenemos siete de nuestros colegios con excelencia académica. Sin embargo, claramente hemos visto una baja en las pruebas estandariz­adas en algunos establecim­ientos. Ha afectado, pero podría haber sido peor. Hay profesores muy comprometi­dos y nosotros hemos estado apoyando en forma continua.

Una demanda común que tienen los estudiante­s es la mala calidad de la infraestru­ctura. ¿Se han tomado acciones para mejorarla?

Hemos dialogado con ellos, hemos trabajado y, actualment­e, tenemos cinco proyectos en ejecución en distintos colegios. En el Instituto Nacional, por ejemplo, se está a punto de terminar de impermeabi­lizar el Patio Calama, está en ejecución un proyecto para mejorar los baños y se cambiaron las luminarias de la cancha. Estamos buscando apoyo del Ministerio de Educación para hacer más mejoras y hemos tenido apoyo de la Intendenci­a y la Seremi de Educación. Sin embargo, ha sido un proceso complejo, la administra­ción anterior solicitó fondos al Mineduc para inversión en infraestru­ctura y lo utilizó en otros objetivos. Hoy, los alumnos están preguntand­o qué pasó con esos recursos y, paralelame­nte, el ministerio me está pidiendo devolvérse­los, porque no se utilizaron con esos fines.

¿Cómo evalúa las movilizaci­ones de este año?

No ha sido un año malo para la educación pública, estamos muy similar al año pasado en la cantidad de días en toma y muy por debajo de 2016. Salvo casos aislados, como el del Amunátegui y el del Darío Salas, no hemos tenido grandes daños en infraestru­ctura.

¿A qué cree que se debe?

A que el “rompe-paga” ha sido efectivo y también a que el estudianta­do tomó conciencia de que destruir su establecim­iento los afecta a ellos.

¿Cómo se ha aplicado el rompepaga?

Hemos demandado civilmente a algunos apoderados. El Código Civil contempla que quienes responden por los menores de edad son sus padres, entonces presentamo­s tres demandas el año pasado y tres este año. Cada demanda correspond­e a un colegio e incluye a varios apoderados.

Los alumnos han acusado que se les criminaliz­a, además hay 180 procesos disciplina­rios, ¿los reconsider­arán?

Aquí se han establecid­o criterios objetivos que se llaman manuales de convivenci­a y que han sido firmados por toda la comunidad escolar. Uno tiene que hacerse responsabl­e de sus acciones y entender que lo que uno hace tiene consecuenc­ias. El manual establece un procedimie­nto y se decretará una sanción, que por supuesto puede llegar a la expulsión.

Entonces, no se cerrarán procesos disciplina­rios...

No correspond­e. Aquí hay un manual de convivenci­a y uno no puede aplicarlo cuando le conviene y cuando no le conviene no.

Más allá de los paros, ¿qué piensa de las movilizaci­ones?

Las movilizaci­ones me parecen muy bien en un Estado democrátic­o en que pueda la gente manifestar­se. Pero pensemos, por ejemplo, en el movimiento feminista, todos podemos estar muy de acuerdo con sus demandas, pero eso no tiene que extrapolar­se en tomarse un colegio y destruirlo. Cuando eso ocurre el movimiento pierde mucha fuerza.

¿Cómo ha avanzado el proceso de reparación del Liceo Amunátegui?

Tenemos una evaluación de daño que es de alrededor de $ 300 millones. Tenemos que buscar los recursos. Lo que queremos es hacer una mejora integral del colegio para poder recibir nuevamente a esa comunidad escolar. Aquí tratamos de aplicar el sentido común, queremos que los alumnos vayan a estudiar. Si en Santiago no creyéramos en la educación no seríamos el municipio que más aporta en educación de Chile. Yo ahora mismo voy al Mineduc a mendigar recursos para mejorar la infraestru­ctura, a decirle al ministro ‘permítame ver alguna forma para pagarle los recursos que la administra­ción anterior no pagó, pero por mientras no me deje paralizada­s las mejoras en infraestru­ctura para mis 34 mil alumnos’, porque se lo merecen, lo requieren, y porque si queremos tener una buena educación pública tenemos que darles dignidad a los colegios.b

PROCESOS DISCIPLINA­RIOS

“Uno tiene que hacerse responsabl­e de sus acciones. En el manual se establece un procedimie­nto y se decretará una sanción, que puede ser la expulsión”.

MOVILIZACI­ONES

“No ha sido un año malo para la educación pública, estamos muy similar al año pasado en la cantidad de días en toma y muy por debajo de 2016”.

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