Medida efectista
El Congreso aprobó la ley que prohíbe que el comercio entregue bolsas plásticas para transportar los productos adquiridos. El propósito sería disminuir la contaminación del medioambiente que provocan tales bolsas, pero en el hecho es una medida que disminuye poco la contaminación, parcial y discriminatoria.
Porque lo cierto es que su uso va más allá que retirar los productos del local comercial. Según una encuesta de Adimark (2014), un 94% de las personas afirman utilizarlas para disponer de la basura. Un dato que me hace sentido pues es lo que personalmente hago y lo mismo me han asegurado todos aquellos a quienes les he preguntado. Y como no existe un método alternativo efectivo para empaquetar la basura que se desecha, habrá que comprar “bolsas negras” para hacerlo y el resultado de contaminación por bolsas plásticas será similar.
Además, es probable que para el retiro de mercaderías desde el comercio se incremente el uso de bolsas de papel, lo que llevará a un aumento en la tala de árboles, lo que también envuelve un impacto medioambiental negativo. Por otra parte, se exceptúan de la prohibición las bolsas plásticas que envuelven los alimentos, que no se ha precisado en qué proporción contaminan. Quedan igualmente excluidos otros envases plásticos como botellas o bidones, o las bolsas plásticas de múltiples productos no alimenticios que vienen envueltos en ellas. Si preocupa el impacto del plástico en el medioambiente, el análisis y las soluciones deben ser integrales; en suma, ¿por qué regular las bolsas y no las botellas plásticas?
Entonces, se trata de una medida efectista, que es parcial, de dudoso efecto práctico y que discrimina injusta e inconstitucionalmente -al dar un trato diferente y al prohibir emprendimientos lícitos- a los productores de bolsas tipo “camiseta”. Nadie planteó alternativas posibles, como campañas de educación o fomentar el reciclaje. No, derecho a la solución chilena: prohibir; y el empresario que quiebra, problema suyo.
Aquí el asunto de fondo es que se legisla y gobierna mirando el “aplausómetro” y hay poco espacio para los análisis fundados. El país está siendo gobernado por quienes gritan consignas y resultan capaces de levantar causas que parecen populares. No existen políticos capaces de plantear matices, porque no están disponibles a pagar costos.
La medida para saber que una ley es cuestionable suele ser que se aprobó por unanimidad, como sucedió con esta. Porque implica que todos opinamos igual y eso no es cierto. Así, la unanimidad más bien sugiere que hubo parlamentarios que no se atrevieron a sostener otra posición y se refugiaron en el anonimato de la uniformidad, y no que lo aprobado necesariamente fuera correcto.