Trinchera parlamentaria
Sectores de oposición, con el PS a la cabeza, asumieron que la mejor manera de afrontar la carencia de articulación y agenda propia, es la obstrucción sistemática. Nominalmente, tienen mayoría en ambas cámaras y controlan las comisiones, lo que convierte al Congreso en el único reducto desde donde pueden ejercer una resistencia frente al Ejecutivo. En resumen, un equilibrio espurio, no basado en el imprescindible contraste de opiniones ni en la función fiscalizadora, sino en el esfuerzo por impedir el tratamiento responsable de los proyectos que envían quienes alcanzaron los votos para gobernar.
En la administración anterior, la Nueva Mayoría se sintió con el derecho a imponer sus términos sin necesidad de conversar con la minoría opositora. Ahora, intentan hacer fracasar a un gobierno que busca exactamente lo contrario: construir acuerdos amplios, para que sus proyectos tengan la legitimidad que no tuvieron los del gobierno pasado. Es cierto: la actual administración no tiene los votos suficientes en el Congreso y por tanto está obligada a negociar. Pero también es cierto que el cuestionamiento moral a la lógica de los acuerdos es uno de los recientes y más perniciosos inventos de la centroizquierda. Obviamente, cuando de verdad se cree que los adversarios son la encarnación del “lado oscuro de la fuerza” como sostuvo Michelle Bachelet, no hay posibilidad de acuerdos de ningún tipo: solo quedan el sabotaje y el enfrentamiento. Y eso es precisamente lo que el PS hoy pone en práctica.
Bajo dicho predicamento, lo que subyace es la todavía persistente incapacidad de un sector de la oposición, para aceptar que en el Chile actual ya no hay una sola mayoría legítima para gobernar, sino que esas mayorías cambian según el favor de la soberanía expresada en las urnas. Pero en la medida en que eso no se acepta, es razonable entonces no favorecer el debate parlamentario e incluso usar las jefaturas de sus comisiones, para incumplir con las urgencias fijadas por la autoridad, un recurso que linda con la infracción constitucional.
Para el gobierno el escenario sin duda no es sencillo de administrar y, como lo ilustró esta semana el presidente Piñera, es fácil perder la paciencia. Asimismo, la tentación de gobernar por decreto, concentrar los esfuerzos en resolver solo problemas de gestión y buscar reducir al máximo la acción legislativa, es seguramente grande. Quizás ello explica en algo el relativo debilitamiento de la agenda gubernamental observado en las últimas semanas, un curso donde las prioridades del gobierno han ido perdiendo centralidad comunicacional. En este sentido, es innegable que la decisión opositora de imponer la imagen de una “sequía legislativa” ha dado algún resultado.
En fin, una oposición fragmentada y sin visiones de futuro compartidas, tiende a imponer el frío expediente de la obstrucción. Y un gobierno carente de mayoría parlamentaria debe resignarse, obligado a seguir en la senda de los acuerdos y a no dejar que sus prioridades se desdibujen. El proceso político se adentra así en una guerra de trincheras cuyo escenario principal es el Congreso, una fase de avances lentos, trabajosos y desgastantes, poco estimulante para la opinión pública. Donde además los rendimientos políticos solo pueden evaluarse en un relativo largo plazo.
El proceso político se adentra a una guerra de trincheras cuyo escenario principal es el Congreso.