CONSEJO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
La tarea no solo debería apuntar a simplificar los trámites en el sector público, sino también a emprender una reestructuración del Estado.
5 EDITORIAL
El gobierno anunció recientemente la creación de un consejo asesor permanente en materias de modernización del Estado, el que estará integrado por los representantes de los más destacados think tanks, además de empresarios, autoridades locales, entre otros, y que será presidido por el excontralor Ramiro Mendoza.
En su presentación, se destacó la necesidad de introducir tecnología al aparataje público, digitalizar procesos e impulsar una transformación tecnológica de las reparticiones públicas. El Presidente de la República señaló que el principal objetivo es “hacer más fácil, más económico y más simple la forma en que se relaciona el Estado y la población”, y descartó, por ejemplo, que en el futuro se les exigiera a los ciudadanos documentos que el propio Estado produce.
Estas iniciativas, que buscan simplificar trámites, facilitar la vida de los ciudadanos en su relación con el Estado y reducir los costos de transacción que, entre otras cosas, se traducen en cuantiosos ahorros para las arcas públicas, son apreciadas y bienvenidas. Esto por cuanto obligan al Estado a retomar la verdadera razón de ser de su existencia, que no es la creación de trámites innecesarios o sostener empleos estatales per se, sino la provisión de bienes y servicios públicos que el sector privado es incapaz de proveer y que son demandados por la ciudadanía ya sea de manera directa o indirecta.
Sin embargo, cualquier proceso serio de modernización debe comenzar con una evaluación seria de la estructura actual del Estado con una mirada sistémica. El diseño –o más bien la ausencia de éste- del aparataje estatal chileno regala múltiples ejemplos de superposición de funciones, duplicación de tareas, sobredotación y sobrerregulación, por mencionar solo algunos de los déficits que es imprescindible abordar. Urge también revisar la eficiencia con la que operan las 32 empresas que actualmente posee el Estado, lo que implica evaluar su gobierno corporativo, la idoneidad de sus ejecutivos y la calidad de sus productos o servicios. Ejemplos como el de Ferrocarriles o Correos sugieren que el estándar de las empresas estatales está muy por debajo de sus competidores privados.
La sola digitalización de los procesos y la simplificación de trámites no son suficientes para pensar en un proceso de modernización del Estado con resultados lo suficientemente profundos que sean capaces de impactar la vida de los ciudadanos y, de paso, hacer eficiente al sector público. Este proceso debe ser lo suficientemente ambicioso que permita -por ejemploque junto con la creación de nuevas agencias públicas, se cierren otras que están obsoletas o subutilizadas, que se diseñen instrumentos de atracción de talento hacia el sector público -profundizando el sistema de Alta Dirección Pública-, y avanzando hacia evaluaciones de desempeño efectivas de los trabajadores estatales; muy especialmente que tanto el diseño como la ejecución presupuestaria cuenten con evaluaciones de organismos independientes.
La calidad de los integrantes del nuevo Consejo Asesor permite esperanzarse en que esta vez la necesaria modernización del Estado no quedará solo estampada en un documento en papel, como paradojalmente ocurrió en el pasado.