Ues. en gratuidad pueden perder hasta $ 3 millones por cada alumno sin beneficio
Estudio de Acción Educar dice que precios de nueva Ley de Educación Superior provocaría brechas en ciertas carreras. UC, UDP y Finis Terrae serían los planteles más afectados.
Uno de los cambios que introduce la Ley de Educación Superior en materia de gratuidad es que fija un precio máximo que se les puede cobrar por sus carreras a aquellos estudiantes que no gocen del beneficio en la universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adscritas a dicha política pública. Por esto, a partir de 2019, las 46 instituciones de educación superior en gratuidad deberán reajustar sus aranceles.
Según la ley, a partir del próximo año los alumnos pertenecientes al séptimo decil solo pagarán el arancel regulado que fija el gobierno, más un 40%. Por su parte, los estudiantes de los deciles octavo y noveno pagarán el arancel regulado más un 60%. Para el décimo decil, los planteles serán libres de fijar sus precios.
Se prevé que la situación podría generar un déficit en instituciones que actualmente cobran aranceles más altos de lo que les permitirá la ley. Según un estudio de Acción Educar, hay carreras en las que la brecha en el arancel superará los $ 3 millones por alumno. Los programas en donde más diferencias se generarán son Medicina y Odontología (ver tabla).
Según el informe, los planteles donde habría más carreras afectadas por esta brecha son las universidades Diego Portales, Católica y Finis Terrae.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, señaló que “cualquier institución que adscriba a la gratuidad tiene que internalizar el hecho de que va a tener sus precios regulados y, por lo tanto, va a tener un menor acceso a recursos para invertir en calidad, en desarrollo y en sus mismos estudiantes”.
En ese sentido, el investigador añadió que “no se entiende que la universidad deba asumir esta pérdida por alumnos que ni siquiera son beneficiarios de la gratuidad, es una exageración”. Rodríguez explicó que los programas más afectados tienen relación con la salud, ya que son carreras más costosas y que requieren más implementos y laboratorios. Una de las universidades donde esta medida tendría mayor impacto es la Finis Terrae. Según el estudio, en 20 de sus carreras se generará brecha en el caso de estudiantes del séptimo decil y 10 carreras en el caso de los deciles ocho y nueve.
Bruno Krumenaker, vicerrector económico del plantel, explicó que se estima que la brecha que se podría generar el primer año podría alcanzar los $ 600 millones y en un plazo de cuatro años los $ 1.000 millones”.
Respecto del déficit, Krumenaker señaló que “es importante generar una mesa de trabajo técnica en la que busquemos cómo aplicar la nueva ley, de manera de no impactar negativamente a las comunidades universitarias y evitar que se creen sistemas burocráticos que distraigan recursos que debieran estar concentrados en la calidad”.
El vicerrector añadió que es necesario revisar los aranceles regulados. “Los montos actuales fueron decididos de manera arbitraria y en muchos casos no tienen relación con lo que significa formar y hacerlo con calidad”, dijo.
En la Universidad Diego Portales también sacan cálculos deficitarios.
Pablo Vigneaux, vicerrector económico y de administración, explicó que de sus 35 programas, “en 28 casos el arancel regulado para el séptimo decil está por debajo del arancel y en 18 casos lo está para los deciles ocho y nueve. Esto bajo el supuesto de que los aranceles regulados vigentes el 2018 fueran los mismos del 2017 reajustados por la variación del IPC (2,2%)”.
Para enfrentar el déficit económico, Vigneaux afirmó que tienen una sola alternativa: “Esta merma en los ingresos 2019 no se puede enfrentar de otra forma en la universidad que con ajustes en su estructura de costos”, señaló.
El próximo 28 de julio termina el plazo de 60 días para que las universidades que están en gratuidad definan si desean continuar o no adheridas a esta política. Vigneaux aclaró que la permanencia de la UDP en la gratuidad “podrá ser reconsiderada seriamente solo una vez que se despejen las principales variables que inciden en ese análisis y una de ellas, aún incierta, es la ley del nuevo sistema de financiamiento que reemplazaría al CAE, cuyo proyecto recién iniciará la discusión legislativa”.
Por su parte, Krumenaker señaló que en la Finis Terrae se está “a la espera de tener mayor información por parte de la autoridad para tomar la decisión más adecuada. Como lo plantea nuestro rector, Cristián Nazer, seguiremos en la gratuidad mientras no debamos hipotecar nuestro desarrollo académico y calidad o renunciar a nuestra misión”. ●