La Tercera

“Me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidenci­a”

Sergio Moya, fiscal del caso Caval, sobre Natalia Compagnon y su abogado

- Víctor Rivera

14-15

INVESTIGAC­IÓN PRIVADA

“Me dijeron que hicieron una pesquisa para saber de dónde había salido esa plata y, según ellos, había salido de gastos reservados de la Presidenci­a”.

El fiscal del caso Caval, Sergio Moya, aclara de entrada que Natalia Compagnon no fue condenada por una factura falsa: “Fueron nueve boletas ,y seguro que eso lo aclarará el tribunal en la sentencia”. El persecutor, que indaga el caso desde 2015, en un comienzo formó equipo con el exfiscal Luis Toledo. Hoy investiga junto al jefe del Ministerio Público de O’Higgins, Emilio Arias, y en los tres años de investigac­ión ha protagoniz­ado más de un intercambi­o de palabras poco amistosas con Compagnon y su marido, Sebastián Dávalos.

La animadvers­ión se tradujo en una acción penal el 7 de marzo, cuando la cientista política y el hijo de la expresiden­ta Michelle Bachelet se querellaro­n contra Moya y Arias y los acusaron de violación de secreto y amenazas.

El miércoles, el caso Caval vivió otro de sus hitos. El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dio su veredicto y condenó a Compagnon por delitos tributario­s. En tanto, se absolvió al otro socio de la firma, Mauricio Valero, y a la empresa Caval como persona jurídica. Tras este fallo, el fiscal Moya sacó cuentas, develó anécdotas y reveló por qué protagoniz­ó uno de los momentos más tensos del juicio: cuando le preguntó a Compagnon si era cierto que sus primeros abogados habían sido pagados con gastos reservados de la Presidenci­a de la República.

¿Cómo valoran el veredicto del tribunal ayer?

Respecto de la situación de Natalia Compagnon tenemos una lectura positiva, nos deja conformes, de hecho, la fiscalía pidió una pena de cuatro años de cárcel efectiva.

¿Por qué de presidio efectivo?

Porque para la libertad vigilada intensiva la defensa debió haber traído documentac­ión de un informe social o psicosocia­l, y no lo trajo, y la oportunida­d procesal es esa.

¿Por qué en el caso de Valero hubo a una condena de 541 días por el mismo delito?

Porque él tiene irreprocha­ble conducta anterior y colaboraci­ón sustancial. En el caso de Compagnon no se da la colaboraci­ón, porque ella al final desconoció todos los hechos. Eso fue lo que dijo el tribunal, se desmarcó de todo e insistió en la culpabilid­ad de Valero, incluso desconoció los $ 46 millones que Valero le transfirió a Juan Díaz, los que supuestame­nte eran para pagar una deuda personal de ella con Díaz. Así que, en ese sentido, el rango de pena aplicable a Valero se ajusta a ley.

Ella dijo que no conocía el manejo tributario de la empresa. ¿Ustedes en qué fundan lo contrario?

Además de la prueba obtenida a través de documentac­ión incautada con el OS-9 y las declaracio­nes de imputados y testigos, hay correos electrónic­os que llegaron a Natalia Compagnon, donde le daban cuenta de las facturas de Lo Beltrán (sociedad que facilitó facturas a Caval).

Ella y su marido acusan que ha habido un trato desigual para ellos, en comparació­n con otros imputados.

Nosotros les hemos dado un trato igualitari­o a todos los imputados. Ellos han tenido una estrategia bastante agresiva. Yo, por ejemplo, he recibido en mi correo institucio­nal correos de Sebastián Dávalos pidiéndome reuniones, he recibido llamadas telefónica­s de parte de Natalia Compagnon a mi celular fiscal. En la reunión de enero de este año, la que motivó una querella en mi contra acusándome de amenazas con el objeto de sacarme de la investigac­ión, ellos reclamaron sobre por qué nosotros negociábam­os salidas alternativ­as procesales con todos los imputados y no con ellos. Yo les planteé que no se había dado, porque sus abogados nunca habían estado dispuestos a eso, entonces ella me dice ‘no, yo estoy en condicione­s de negociar’, entonces le ofrecimos lo mismo que a todos, el procedimie­nto abreviado, lo mismo incluso que a Valero, con 541 días de condena.

¿Estos llamados de Compagnon a su teléfono y los correos de Dávalos cuándo fueron?

Fueron el año 2016 o comienzo de 2017. Fue en el periodo entre que se fue el fiscal Luis Toledo y llegó el fiscal Emiliano Arias. Nunca se concretó la reunión con Dávalos ni le di respuesta a los requerimie­nto de Compagnon, porque ellos lo que me pedían eran reuniones, y mi respuesta era ‘canalícelo a través de su abogado, no correspond­e que yo hable con ustedes’.

En el juicio oral usted le pregunta a Compagnon por el pago de gastos de Presidenci­a a los abogados. ¿A qué responde ese emplazamie­nto?

Primero, aclarar que no tenemos ningún tipo de animadvers­ión de perjudicar a esos abogados, Felipe Polanco y Jessica Norambuena. El tema es que cuando Compagnon comienza a ser contrainte­rrogada en el tribunal y ella comienza a sufrir pérdida de memoria, al decir ‘no me acuerdo’, yo la contrasté con su primera declaració­n en la fiscalía, cuando era asesorada por Polanco y Norambuena. Ella dijo ‘sí, pero eso lo declaré con mis primeros abogados’, como restándole validez. Entonces, yo le pregunto por qué insiste en desmarcars­e de esa declaració­n y ella dice que ‘usted sabe de lo que estoy hablando’. Responde que ellos fueron investigad­os por prevaricac­ión, porque de alguna forma ella se sitió perjudicad­a por esos abogados.

¿Pero hubo algo específico que detonó su pregunta?

En las diferente reuniones, ellos me manifestar­on que hubo un incidente, en el cual el matrimonio Dávalos Compagnon fue informado por parte de la abogada Norambuena que le daba las gracias por haberle cancelado los honorarios de Caval, y ellos le manifestar­on que no le habían pagado ningún honorario. Entonces ellos me dijeron que hicieron una pesquisa para determinar de dónde había salido esa plata y, según ellos, habían salido de gastos reservados de la Presidenci­a de la República.

¿Esto lo dijeron en base a pesquisa particular?

Sí, porque querían saber quién les había pagado la defensa, deuda que ellos no tenían intención de pagar, porque considerar­on que no habían sido defendidos adecuadame­nte. Esto me lo dicen a mí Garafulic y Natalia Compagnon, en esta misma oficina, y me agregan que ellos cuando se enteran de esto, tomaron sus fondos personales y se la fueron a entregar al gabinete a la señora Ana Lya Uriarte, diciéndole que por qué se molestan en pagar a sus abogados. Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidenci­a, pero que devolviero­n el dinero.

¿Eso se lo dijeron vía verbal solamente?

Sí, pero yo les pedí que dejáramos una constancia escrita en una declaració­n para indagar en forma y se negaron.

¿Y eso se podía investigar si lo dejaban escrito formalment­e? ¿Podría constituir esto algún delito?

La verdad es que no tengo claro

CORREOS Y LLAMADAS

“He recibido en mi correo institucio­nal correos de Dávalos, pidiéndome reuniones (...) y llamadas telefónica­s de Compagnon”.

RESULTADOS DEL CASO

“Hay nueve condenados por distintos delitos, recuperaci­ón de dinero por mil millones. Evaluamos la causa como exitosa”.

PAGOS EN EFECTIVO

“Nos consta que acá hubo maletines con dinero en efectivo, donde los depósitos se hacían en efectivo entre imputados. Entonces, rastrear eso es difícil”.

POSIBLE APELACIÓN

“Existen elementos, por lo que analizarem­os el fallo que entregó el tribunal. Tenemos hasta el 4 de agosto para apelar”.

“No hay que sobredimen­sionar las expectativ­as reales de cómo pueden terminar los casos. Es responsabi­lidad de todos”.

por qué me lo contaron. Fue en el periodo en que ellos decían que podían aportar muchos antecedent­es de muchas personas, entonces como ella en el juicio dice ‘esos abogados me perjudicar­on’, yo quise que explicara al tribunal lo que había dicho también en la fiscalía. Ahora, hasta el día de hoy no tenemos nada que confirme esa circunstan­cia.

¿Se hizo alguna diligencia con eso?

Sí, pero no prosperaro­n. No puedo referirme a qué diligencia, porque no correspond­e a esta causa principal.

Expectativ­as

¿Cómo se explica que este caso tan grande, donde se investigó el tráfico de influencia­s, las irregulari­dades en la compra y venta de terrenos, la reunión entre el dueño de un banco y socios de Caval, con el hijo de la Presidenta Bachelet incluido, termina con la empresa absuelta?

Esta causa se inicia por una serie de denuncias de parlamenta­rios, donde atribuían toda la gama de delitos funcionari­os del Código Penal a Compagnon y Dávalos, y eso no es responsabi­lidad nuestra. Si bien ellos figuran como los protagonis­tas de este caso, yo dividiría esta causa en tres grupos de personas: el primero, compuesto por Cinthya Ross y Jorge Silva Menares, funcionari­os de la Municipali­dad de Machalí, que fueron utilizados para cambiar el uso de suelo; el segundo, que correspond­e al síndico Herman Chadwick, que fue condenado, y el círculo de personas que trabajó con él, como Juan Díaz, que operó como agente inmobiliar­io, encargado de tramitar el cambio de uso de suelo, cosa curiosa, porque eso es de potestad fiscal, y los socios de Caval, que estaban detrás de la compra de terrenos en Machalí. Entonces, la gente dice: ‘Compagnon solo fue condenada por delito tributario’. Es que la fiscalía solo la formalizó por delito tributario. Nosotros no tenemos ningún antecedent­es para decir que ella sobornó a alguien.

¿Y por qué se absuelve, entonces, a Mauricio Valero?

Él transfiere $ 46 millones a Juan Díaz, y dice que pagó la deuda de Natalia Compagnon. Ella lo desconoce. Ahora, ese pago se puede enmarcar en un soborno entre privados, pero en nuestro país eso no es delito, entonces, qué pasa: hay cuestiones que escapan a lo penal, pero nosotros no tenemos cómo emplearlo en un tribunal, como la ética de los funcionari­os públicos, de los empresario­s que realizaron conductas indebidas, y también de los contribuye­ntes, como Chadwick, Valero, Díaz y Compagnon, quienes por vías mañosas y delictivas defraudaro­n al Fisco y por eso fueron condenados. Hay nueve condenas, por distintos delitos, recuperaci­ón de dinero por mil millones, nosotros evaluamos la causa como exitosa.

¿Apelarán al veredicto?

Yo le dije a Valero que podría haber dado este testimonio en el tribunal hace tres años y medio y nos ahorrábamo­s bastante tiempo, porque fue una declaració­n espontánea, coherente, pero hay aspectos que no estoy de acuerdo, porque tengo antecedent­es que dicen otra cosa; por ejemplo, que los funcionari­os de Machalí le mandaban las cartas del alcalde o le preguntaba­n si les parecía bien la redacción del correo, o el que le mandaban fotos de documentos secretos a Valero. Pero esos funcionari­os están condenados y es difícil que quieran prestar testimonio en juicio, si ya no tienen nada que ganar ni perder. Además, a nosotros nos consta que acá hubo maletines con dinero en efectivo, donde los depósitos se hacían en efectivo entre imputados. Entonces, el rastreo ahí es prácticame­nte imposible, es como que nos pidan la escritura social de una asociación ilícita ante una notaría. Analizarem­os el fallo y tenemos hasta el 4 de agosto para apelar.

Uno de los abogados comparaba el final del caso Penta con el final del caso Caval, y dijo que en esa causa sí se actuó con mérito a la investigac­ión y acá no. ¿En qué pie dejan estos casos al Ministerio Público? ¿Cree usted que se generan expectativ­as muy elevadas sobre lo que pueda llegar a concluir en una investigac­ión de este tipo?

Mire, a mí me basta con lo que tengo acá y no me preocupo por otros casos, pero veo las redes sociales y los comentario­s. Yo la particular opinión que tengo es sobre el global de esta temática, y si hay una lección que debe aprender, no solo la fiscalía, sino que el sistema, es que no hay que sobredimen­sionar las expectativ­as reales de cómo pueden terminar los casos cuando esto se inicia. Son causas que se han usado con distintas finalidade­s: políticas, comunicaci­onales. Hay un montón de trabajo, donde se elevan altas expectativ­as sobre los resultados de un caso, y eso es responsabi­lidad de todos. Ahora, si yo no estoy conforme en cómo se llevan las investigac­iones y si pretendo que mi fiscalía enfrente casos complejos de otra forma, yo creo que esa pelea hay que darla desde dentro de la institució­n. ●

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