PROYECTO PARA SANCIONAR INCIVILIDADES
Es acertado que el gobierno dé este paso, pero antes que nuevas leyes, resulta esencial reforzar el principio de autoridad.
El Presidente de la República firmó el proyecto de ley que sanciona las conductas antisociales, mediante el cual se busca aumentar las penas y multas a una serie de prácticas que afectan la convivencia ciudadana o deterioran gravemente el patrimonio público, como es el caso de los rayados no autorizados a inmuebles públicos y privados, la acumulación de basura, el consumo de alcohol en la vía pública –que en caso de reincidencia podrá llegar hasta $ 200 mil- y el destrozo de colegios, entre otras.
Las voces críticas no se han dejado esperar, calificando esta propuesta de “populismo penal” y la estigmatización de ciertos grupos de la sociedad. Sin embargo, es un hecho objetivo que todas las conductas descritas en el proyecto de ley se han convertido en un tema ciudadano de primer orden, que requiere ser abordado con urgencia debido a que este tipo de incivilidades dañan la calidad de vida de muchos barrios, alimentan el vandalismo e implican la erogación de importantes recursos públicos para reparar los daños. Es acertado entonces que la autoridad haya decidido dar el paso de responder con una iniciativa de esta naturaleza.
Se ha alertado en reiteradas oportunidades que uno de los mayores problemas con que se encuentra nuestra sociedad, es que hechos manifiestamente delictuales que afectan el espacio público o la infraestructura educacional quedan en la total impunidad. La ciudadanía una y otra vez contempla atónita e impotente cómo tras ciertos torneos deportivos de alta connotación, marchas o “tomas” en colegios públicos el destrozo campea y los responsables escasamente responden ante la justicia.
Dotarse de nuevas penas y endurecer multas para estas incivilidades sin duda avanza en la dirección correcta, pero por sí solas no bastan para corregir el problema de fondo, que es el progresivo debilitamiento del sentido de la autoridad. No puede olvidarse que la gran mayoría de los aspectos que aborda el proyecto de ley ya están contenidos en el actual Código Penal o en diversas ordenanzas municipales. El problema de fondo no parece estar entonces en la ausencia de leyes, sino en que éstas quedan sin ejecución, precisamente por una autoridad que aparece débil o sobrepasada.
Un paso previo a reforzar la batería de sanciones, es que el sentido de autoridad se restituya. Ello se traduce en que la autoridad de Carabineros no puede seguir debilitándose, porque el cuerpo policial es la primera línea para hacer cumplir las normas que la propia sociedad se ha dado. La ominosa impunidad del vandalismo tampoco puede continuar, lo que supone que el Ministerio Público y los tribunales hagan recaer el peso de las sanciones cada vez que existan los medios de prueba idóneos, y debe apoyarse la acción de aquellos municipios que buscan hacer cumplir las ordenanzas o la ley.
En toda esta discusión, sin embargo, muchas veces se olvida que la base para la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos descansa en la buena formación cívica. Aquí, las familias y los colegios tienen un rol primordial, el cual debe ser reforzado, y este proyecto de ley es una buena oportunidad para ello. En la medida que las sanciones se apliquen, habrá –no cabe duda- una mayor disuasión, pero ello nunca podrá sustituir la buena cultura cívica y el respeto a la sana convivencia.