La regularización de migrantes en su fase final
En primer trámite, comisión de la Cámara rechazó indicación del Ejecutivo que establecía residencia mínima de extranjeros para acceder a beneficio social.
La indicación presentada por el gobierno en el proyecto de Ley de Migración, que establecía que un extranjero deberá residir al menos dos años en el país para la obtención de beneficios sociales, de gasto 100% fiscal, fue rechazada ayer por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios Raúl Saldívar (PS), Andrea Parra (PPD), Pedro Velásquez (ind.) y Catalina Pérez (RD) votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo, mientras que Daniela Cicardini (PS), Johanna Pérez, Marcela Hernando (PR) se abstuvieron. En tanto, los que votaron a favor de la incitativa del gobierno fueron Renzo Trisotti (UDI), Andrés Longton (RN), Karin Luck (RN), Celso Morales (UDI), Bernardo Berger (RN) y Andrés Molina(Evopoli).
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que “consideramos que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros que están dadas principalmente en relación a su condición de arraigo”.
En ese sentido, señaló que “esta indicación se perdió con votos de la oposición. Creemos que nuevamente se genera un cuadro confuso, donde no se establecen nítidamente las condiciones que deben tener estos extranjeros en Chile”.
Según Ubilla, “hemos dicho en todos los tonos que queremos que los extranjeros vengan a Chile a contribuir y se arraiguen en nuestro país, pero queremos expulsar a aquellos que no cumplen con las normativas chilenas”.
Por esto, la autoridad evalúa recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que no logre revertir el rechazo de la comisión respecto de este punto de la ley, que está recién en primer trámite legislativo. Para ello, el Ejecutivo deberá presentar en los próximos días un reserva de constitucionalidad
en la Cámara.
“Vamos a estudiarlo, porque creemos que hay un reparo de constitucionalidad (al eliminar) el segundo inciso, el cual establecía una restricción; (ahora, eliminándolo), se establece la universalidad, eso tiene un costo del Estado, y como tiene costo del Estado es de iniciativa del Presidente. Nosotros, el reparo constitucional, no lo hicimos hoy, lo vamos a estudiar. Hemos trabajado con seriedad esta materia, pero creemos que aquí hay un grupo de parlamentarios que no entiende”, manifestó Ubilla.
Para la diputada Cicardini, presidenta de la comisión, “esta es una situación bastante lamentable que forzó el Ejecutivo, quien tiene plena responsabilidad, porque nosotros le pedimos que buscáramos un consenso respecto de este artículo en
particular, el cual establece cuáles van a hacer los accesos a seguridad social y beneficio para los migrantes, y comparto que tiene que haber algunas restricciones”.
Señaló que “en el Bono Marzo compartía con el Ejecutivo el hecho de que los que tengan residencia permanente puedan acceder recién a aquello, pero el problema es que la redacción de lo que establecía el gobierno era que también hoy un migrante con un contrato definido que estuviera en una condición regular, no iba a poder acceder a licencias médicas. Es una generalización profundamente errónea, bastante perversa por lo demás”.
La parlamentaria Catalina Pérez, en tanto, dijo que votó en contra de la indicación del Ejecutivo “porque el gobierno se negó a llegar a un acuerdo y buscar una solución
conjunta. ¿Por qué un migrante que paga impuestos, trabaja y cotiza no debería tener derecho, por ejemplo, a una licencia médica o a un fuero maternal cuando lo necesite?”.
Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales (UDP), manifestó que “me parece muy positivo el rechazo a la indicación presentada por el Ejecutivo, ya que desde los estándares internacionales sobre derechos humanos, que Chile está obligado a respetar, los derechos de las personas no pueden estar condicionados a la situación migratoria. En este sentido, estando regular o irregular la persona, debe procurarse que acceda, en el menor tiempo posible, al sistema de seguridad social. Hacerle esperar más tiempo no tiene sentido y es injusto”.