Senado pide audiencia con Guerra por caso asesorías
Senadores instruyeron a Javier Norero, abogado interno de la corporación, que tomara contacto con el fiscal.
A través de un correo electrónico, el abogado interno del Senado, Javier Norero, quien según Transparencia Activa posee cargo de fiscal de la corporación, solicitó audiencia con el persecutor regional Oriente del Ministerio Público, Manuel Guerra. En la misiva, Norero le explica a Guerra que la reunión apunta a un asunto “institucional”.
Desde la Cámara Alta confirman que la petición se hace en virtud de la causa que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en la que se indaga el uso de asignaciones parlamentarias en el pago de asesorías externas de congresistas. Y, según agregan, fue en la Comisión de Régimen Interior del Senado donde se instruyó que el fiscal de la corporación fuera mandatado para interiorizarse en la causa y para iniciar las tratativas con el fiscal.
Según explican conocedores de los objetivos que persigue el Senado con la institucionalización de los contactos con el Ministerio Público, lo principal apunta a tener a un funcionario suyo como representante de la corporación. Así, según agregan, el abogado deberá refrendar ante el fiscal Guerra la postura que hasta ahora se ha mantenido frente a la causa, que consiste en resistir la entrega de la totalidad de los informes de todos los asesores de los senadores.
Sin embargo, las mismas fuentes explican que el Senado, apoyado en informes en derecho, sigue llano a entregar información, pero de manera parcelada y respecto de indicios concretos de posibles hechos constitutivos de delitos. Y esa premisa es parte del mensaje que los senadores buscan transmitir a la fiscalía a través de su abogado institucional.
Desde que el fiscal Guerra solicitó, en septiembre del año pasado, los informes de asesores desde 2015 en adelante, las relaciones entre el Ministerio Público y el Senado se han tensionado. Pese a que la fiscalía desistió de reiterar la misma diligencia -desistiendo de recurrir a la corte para obligarlo-, en las últimas semanas instruyó a la PDI una serie de diligencias que reactivaron la causa.
Al interior de la Cámara Alta existe inquietud respecto de la solicitud de información que efectivos de Investigaciones han requerido de distintos centros de estudios. Asimismo, los policías han solicitado declaraciones de parte de algunos asesores.
Además del fiscal interno del Senado, la corporación podría contratar a un penalista para llevar adelante las acciones judiciales pertinentes respecto de las futuras diligencias en la causa.
Sin embargo, la contratación en 2017 del abogado Ciro Colombara respecto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte y que incluye al exsenador Andrés Zaldívar, ha sido un aspecto controversial al interior del Senado. Esto, porque mientras algunos senadores criticaron la pertinencia de requerir a un experto para liderar una ofensiva judicial en virtud de solo un legislador, otros derechamente hallaron excesivo el pago de $ 32 millones para una asesoría como esa.
Así, según confirman desde la mesa del Senado, la contratación de un penalista no está descartada, pero explican que primero debe producirse la reunión entre el abogado interno de la corporación y el fiscal Guerra, cita que quedó agendada para los próximos días.