Los refugios de los religiosos acusados
El 31 de julio es el plazo máximo que tienen los jesuitas para trasladar a los sacerdotes sancionados por abusos a menores, que hoy viven en una casona junto al Colegio San Ignacio.
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La manzana que se forma entre las calles Alonso de Ova-lle, Lord Cochrane, Felipe Gómez de Vidaurre y San Ignacio, desde 1856 ha sido territorio de los jesuitas. En una parte está la iglesia, en otra el Colegio San Ignacio y al lado la residencia que lleva el mismo nombre. Pero la misma casa que alguna vez fue sinónimo de sacerdotes emblemáticos y que tiene casi como un museo la pieza de San Alberto Hurtado, hoy está en medio de la polémica. De los 27 jesuitas que viven allí, cinco han sido sancionados por la iglesia por abusos sexuales o actos impropios; dos de ellos por delitos contra menores.
Una puerta clausurada impide que la casona se conecte con el colegio, pero los apoderados exigen que estos sacerdotes sean trasladados.
Desde afuera, a la altura del 1480 de la calle Alonso de Ovalle, resaltan las letras JHS, que en español se traduce como Jesús. Las tres letras incrustadas en la pared dan una primera pista. Así como el bronce “envejece”, los habitantes del lugar también.
La Residencia San Ignacio es considerada el lugar donde los jesuitas pasan sus últimos días. Allí llegan los sacerdotes más ancianos y enfermos. De hecho, es la casa jesuita que cuenta con la mejor enfermería. Hay médicos, enfermeras y terapeutas.
La casona es grande y vieja. Tiene dos pisos, un living amplio, una especie de biblioteca y un comedor. Toda la construcción rodea un patio interior con árboles de hasta seis metros de alto. Adentro de la residencia hay normas que rigen la vida comunitaria y ciertos “rituales”.
Por ejemplo, la comunidad se reúne una vez a la semana para tratar algún tema y tener una cena especial.
¿Y se habla de la contingencia? ¿De la polémica que se ha instalado por los jesuitas sancionados y que viven ahí?
-No. El castigo de ellos es no poder ejercer el ministerio, pero adentro se les incorpora a la dinámica de la casa. Funcionan como una familia -dice un cercano.
Lo único que perturba a los jesuitas de la casa es la muerte. Como la de Carlos Aldunate, que falleció el miércoles pasado, a los 102 años.
Ni tan iguales
En la casona vivió hasta 2011 el ex rector del colegio Juan Miguel Leturia, condenado canónicamente por abusos sexuales contra menores. Hoy reside el sacerdote Jaime Guzmán, el hermano Raúl González y el sacerdote Leonel Ibacache. Los dos primeros condenados por el Vaticano y el tercero con investigación en curso. El exprovincial Eugenio Valenzuela está sancionado por conductas impropias y Juan Pablo Cárca- mo por abuso de conciencia y transgresión en el ámbito sexual a una mujer adulta.
A las actividades de la casa se integran como todos. El día parte a las seis. Una de las primeras actividades es la misa que se realiza a las ocho. También almuerzan juntos.
Luego hay tiempo para la dispersión. En la casa hay salas con mamparas para recibir visitas o dar dirección espiritual y otras destinadas para ver televisión. La hora de la comida es más libre. Entre 4 y 5 de la tarde, cada jesuita puede ir al comedor. El personal de la casa -15 a 18 personas- deja pan, yogur y fruta. Todo listo para comer.
Pero para los castigados hay restricciones. No pueden salir de la casa, ni celebrar misa públicamente. Tampoco pueden recibir gente. Y deben pedir permiso para cualquier cosa excepcional. Como invitar a sus familias, ir al médico o al dentista. Incluso, tienen controlado el acceso a los computadores.
Cuenta regresiva
Quedan apenas 10 días para el plazo final. El 31 de julio es la fecha que acordaron los apoderados del Colegio San Ignacio y el provincial, Cristián del Campo, para el traslado de los jesuitas sancionados. Sin embargo, dicen fuentes cercanas a los jesuitas, aún no hay claridad de su destino.
Ni las casas de Calera de Tango o Padre Hurtado son opciones, por encontrarse cerca de colegios.
Desde el área de comunicaciones de la congregación explican que el traslado de Guzmán y González se realizará en el plazo convenido. El caso de Ibacache, dicen cercanos, es distinto: no está condenado. Además, su condición de salud es delicada. ●