Respuesta a nuestros críticos
La declaración en defensa del Presidente Lula no cayó en el vacío. Sabemos que ha sido analizada con lupa por autoridades políticas y judiciales brasileñas y recibida con simpatía por los demócratas de ese país hermano. En Chile ha generado una interesante polémica.
Ya en el mes de abril frente al posible encarcelamiento de Lula, el expresidente Lagos había afirmado que el rechazo por mayoría de un voto por parte del Tribunal Federal del recurso de habeas corpus en favor de Lula “era una mala noticia para la democracia de Brasil y América Latina”, expresando que esperaba que “las instituciones democráticas de esa gran nación corrijan estas graves decisiones”. Desgraciadamente eso no ocurrió. Lula, (el presidente más popular de la tierra según el expresidente Obama) lleva ya más de tres meses en prisión.
En esta nueva declaración destaca la firma de la expresidenta Bachelet y de parlamentarios de gran relevancia como el senador Carlos Montes y la diputada Maya Fernández. Las críticas no se dejaron esperar. Retomaré aquí las formuladas por periodistas o dirigente políticos bien intencionados pero altamente desinformados (no me referiré a bajezas como las de Sergio Muñoz R. proferidas en estas mismas páginas. Caerán por su propio peso).
En sustancia las críticas apuntan a que no se estaría respetando el estado de derecho y la autonomía del Poder Judicial, se incurre en injerencia indebida en los asuntos propios de otro país y se defiende un presidente muy popular pero culpable de hechos graves de corrupción.
Suenan bien, pero son todas falsas. La destitución de la Presidenta Rousseff correspondió a lo que técnicamente se denomina un golpe blanco. En Brasil no existe un estado de derecho en forma y se ha desatado una gravísima crisis que afecta a todas las instituciones. La Presidencia está siendo ejercida por una figura particularmente detestada, cuyo respaldo no supera el 4%. El Legislativo está también fuertemente cuestionado: 40% de los integrantes del Senado tiene abiertos procesos por corrupción.
El Poder Judicial no escapa a esta grave crisis institucional. La judicialización de la política ha conducido a una extrema politización de la justicia. La justicia brasileña ha mostrado conductas extremadamente erráticas y ha sido blanco de fuertes presiones que cuestionan su neutralidad. La politización judicial alcanzó su paroxismo en el episodio del domingo 8 de julio cuando el juez Moro, no obstante ser juez de primera instancia, intervino desde sus vacaciones en Portugal para anular un fallo favorable a un habeas corpus dictado por un juez de segunda instancia. Este episodio fue bautizado por la propia gran prensa conservadora como la “anarquía judicial”. En el último número de The Economist se afirma negro sobre blanco que el Poder Judicial se transformó en un “foro de política partidaria”.
El proceso contra Lula, el famoso triplex, es abyecto. Moro ha reconocido que “no tiene pruebas pero tiene convicciones”. Esto es lo que ha conducido a columnistas del propio New York Times a sostener que el proceso está muy por debajo de cualquier estándar internacional. Los críticos pasan también por alto las amenazas de golpe militar proferidas por Eduardo Villas-Boas, Comandante en Jefe del Ejército y refrendadas por los generales Paulo Chagas y Dias Freitas.
Por eso, lejos de amedrentarnos a los 43 de la primera lista, se sumarán el lunes próximo otros 43 demócratas, consecuentes, valientes e informados.