Un paso hacia la libertad de nuestros vecinos

En total, se perdieron 859 días de clases entre los años 2013 y 2016 en Santiago producto de tomas y movilizaciones. Fueron 859 jornadas que cualquier alumno de colegio subvencionado o particular le sacó de ventaja a un estudiante de un liceo público de la comuna. Pero más allá del daño pedagógico que las tomas ilegales hicieron a la educación durante este tiempo, también provocaron otro problema, quizás aún más grave: la pérdida de respeto hacia la autoridad, la normalización de la violencia y la legitimización de la destrucción de mobiliario y recursos públicos como elemento de protesta.

Quizás por eso llamó tanto la atención cuando pocos meses después de haber asumido la alcaldía hablamos por primera vez de un concepto que, si bien era conocido por todos, no había sido utilizado en política aún: el Rompe-Paga. Dos palabras que sintetizan el sentido común y la máxima fundamental de una sociedad democrática basada en los derechos y deberes. Incluso, jurídicamente hablando, el Rompe-Paga no era más que aplicar una norma que está consagrada en nuestro Código Civil desde los tiempos de Andrés Bello, y que dice que los padres de menores de edad serán responsables por sus actos. Pero la medida también trajo otras consecuencias, al poner en el tapete público la importancia del respeto y cuidado de los bienes públicos, los establecimientos educacionales y su infraestructura. Finalmente, el hacer pagar a quienes destruyen recursos que pertenecen a todos, y traspasar también esa responsabilidad a sus padres, fue una medida aplaudida transversalmente, porque apeló directamente al sentido común de nuestros ciudadanos y autoridades.

No por nada, el Presidente Piñera decidió hacer suyo el Rompe-Paga y llevarlo a un próximo nivel, al transformarlo en un proyecto de ley que va más allá de los establecimientos educacionales, apelando también al cuidado de nuestro entorno, del barrio y de la ciudad, a través del combate de las incivilidades.

Al fin se pone foco en la ciudad, esa entidad dinámica y cambiante en la que convivimos a diario, y que no puede ser dejada a merced de minorías que se apropian de ella y coartan a otros la posibilidad de disfrutarla. Combatir las incivilidades es luchar por la libertad de nuestros vecinos, y su derecho a vivir en comunidad.

Si queremos lograr el anhelo de construir comunidad y conocer a nuestros vecinos, debemos comenzar por recuperar los espacios públicos, erradicando las conductas antisociales. Una vez que avancemos en esto, podemos pensar en una próxima fase de construcción de comunidad conjunta, tal como lo entendió el alcalde Giuliani en Nueva York con su “Teoría de las Ventanas Rotas” y el plan “Tolerancia Cero”, que tomó medidas extremas contra las incivilidades en el corto plazo, para luego poner en valor el espacio público y recomponer el tejido social, en un plazo no menor a 20 años.

Hoy estamos ante una oportunidad histórica de continuar ampliando el principio de corresponsabilidad y el cuidado de nuestro entorno. Llegó el momento de que quienes convoquen a eventos masivos se hagan responsables de los destrozos y externalidades negativas que estos le causen a la ciudad. Por lo mismo, creemos que el Rompe-Paga debe hacerse extensivo, por ejemplo, a las marchas, y que sus organizadores deben entregar las garantías mínimas para responder por eventuales daños que sean producidos por terceros. Quizás así, el municipio podría haber invertido los más de 900 millones que se gastaron el año pasado en destrozos post marchas en otros temas relevantes para los santiaguinos como seguridad, alumbrado, jardines infantiles o atenciones médicas para nuestros adultos mayores.

Lo importante es que en poco tiempo, Chile comienza a avanzar hacia una sociedad que se hace cargo de sus actos y asume sus consecuencias, sancionando a quienes nos quitan la libertad de disfrutar de nuestro entorno, y favoreciendo a quienes queremos ser parte de una ciudad libre y viva.

Hacer pagar es una medida que apela directamente al sentido común de los ciudadanos.