Las críticas a la fiscalía en la cita de Chadwick con los senadores
En la casa del titular de Interior, el 8 de julio, parlamentarios cuestionaron “dilación” en indagaciones a políticos. Oposición apuntó a la buena relación del jefe de gabinete con el fiscal Guerra.
En medio de las recriminaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición, con los primeros acusando “obstrucción” en el Parlamento y los segundos una sequía legislativa de La Moneda, el domingo 8 de julio el ministro del Interior, Andrés Chadwick —en ese minuto vicepresidente de la República—, recibió en su residencia en Vitacura a un grupo de senadores de distintos partidos políticos buscando distender las relaciones.
“Quedamos de seguir conversando y fortalecer la coordinación legislativa”, resumió a la salida el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, recogiendo el tenor del encuentro en el que participaron Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI), Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y José Miguel Insulza (PS), además de Jorge Pizarro y Yasna Provoste, ambos DC.
En la residencia de Chadwick, sin embargo, hubo también otro tema sobre la mesa: cuestionamientos a la acción de la fiscalía en indagatorias vinculadas al mundo político.
De acuerdo con diversas fuentes que participaron y conocieron de la reunión, fue Chadwick el que planteó que dicha materia había sido solicitada como parte de la tabla cuando la oposición le pidió el encuentro. Otros, en tanto, afirman que el diálogo se dio más bien a nivel de “comentarios” en el curso de la conversación.
El hecho es que durante el encuentro los senadores realizaron una serie de cuestionamientos al Ministerio Público y a fiscales en particular.
En esa línea, se efectuó un crítico diagnóstico de las diligencias que comenzó a realizar la PDI —a solicitud de la fiscalía— a centros de estudios vinculados a partidos políticos (ver página 12), lo que algunos calificaron como una ofensiva “discriminada”.
Además, algunos parlamentarios agregaron que la fiscalía había actuado en los últimos años “dilatando” gestiones en casos que involucran a personeros políticos, perjudicando la imagen de instituciones como el Congreso Nacional.
De acuerdo con uno de los presentes, uno de los legisladores puso como ejemplo el caso del exsenador Fulvio Rossi, acusado de delitos tributarios. Esto, dos días antes de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de la defensa del exparlamentario decretando su sobreseimiento definitivo.
No fue el único caso puntual. En medio de los cuestionamientos, uno de los senadores de la ex Nueva Mayoría puso sobre la mesa el nombre del fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. “Parece asesor del ministro de Interior”, ironizó frente a Chadwick.
Semanas atrás, La Tercera había dado a conocer detalles de la relación entre el jefe de gabinete y Gue- rra, quienes se conocieron en 2013 cuando el fiscal se desempeñaba como autoridad regional en Iquique y se coordinó con Chadwick por la detención de tres militares bolivianos y que ahora, durante este gobierno, mantienen comunicación fluida por temas vinculados a la agenda de seguridad.
Hoy Guerra, como fiscal, lidera la solicitud de entrega de los informes de asesorías externas al Senado, en el marco de la indagatoria sobre el pago de asesorías parlamentarias, que abarca a las dos cámaras del Congreso (ver página 12).
La solicitud ha sido resistida por las bancadas y ha tensionado las relaciones con la mesa de la corporación que lidera Carlos Montes (PS), quien ha buscado que se liberen los informes del 2015 en adelante y no solo a partir de 2018. Montes no formó parte del grupo convocado a la casa de Chadwick e incluso su postura fue cuestionada por al menos dos de sus pares opositores, quienes aseguraron que si Guerra buscaba indagar en el Senado lo mejor era generar una interlocución con el Ministerio Público. La idea, dicen algunos, fue respaldada por el ministro del Interior.
Justamente esta semana se conoció que el abogado interno del Senado, Javier Norero, tomó contacto con la fiscalía y que la idea de dicha gestión apuntaría a institucionalizar los contactos con el Ministerio Público.