¿TVN, el canal de… quién?
El director ejecutivo de TVN tiene un sueldo mensual de 18 millones de pesos, el segundo más alto del sector público después del presidente ejecutivo de Codelco, superando con creces el sueldo del Presidente de la República y las principales autoridades del país. Y TVN, claro, no es la empresa más grande de Chile, ni la más rentable; de hecho, ha sufrido en los últimos años millonarias pérdidas que la han hecho perder todo su patrimonio y la habrían llevado a la quiebra si es que el Estado, su dueño, no hubiese acordado un aumento de capital de 47 millones de dólares, financiados con plata de todos los chilenos.
Pero eso no ha estado en el centro de los cuestionamientos al contrato del director ejecutivo que hemos conocido; a ese sueldo se agregan condiciones extraordinariamente favorables y difíciles de justificar. Una indemnización de cuatro sueldos sin tope si es despedido en los primeros cuatro años, vale decir, más de 70 millones de pesos adicionales. Cuando se trata de contratar un ejecutivo que está en otra empresa, en industrias rentables y competitivas, estas cláusulas no son completamente inusuales y se usan para “levantar” un ejecutivo. Pero resulta que las condiciones fueron pactadas hace dieciocho meses, después de que Jaime de Aguirre había dejado el Canal 13.
Hasta aquí todo discutible: sueldo millonario, indemnización millonaria, en una empresa quebrada, en una industria con una crisis que la lleva casi a la extinción. Discutible, aunque Jaime de Aguirre tenga una reconocida experiencia de años en TV. Él veló por sus intereses y consiguió muy buenas condiciones, las mejores en la historia de TVN. ¿Pero quién veló por los intereses de la empresa, la empresa de todos los chilenos?
La institucionalidad de TVN, plasmada en una ley, señala que las condiciones del contrato del director ejecutivo deben ser aprobadas por el directorio; cuestión, por lo demás, habitual en las empresas. Pero resulta que en este caso el directorio solo conoció el sueldo y no las otras condiciones, como la millonaria indemni- zación. Esta, así como otros beneficios, habría sido pactada directamente por De Aguirre con Ricardo Solari, entonces presidente del directorio de TVN, según revela un informe de la contraloría del canal. Esto es muy grave. Se trata de una transgresión abierta de la ley de TVN; una maniobra para evitar que se cumpla una norma fundamental de su gobierno corporativo, cual es que su máximo órgano, el directorio, sea responsable de las decisiones relevantes que toma la empresa.
El celo con que el actual presidente del directorio, Francisco Orrego, ha actuado en este caso es encomiable. ¡Está tratando de hacer cumplir la ley! Evitando que TVN sea un reducto particular en que personas sin atribuciones pacten beneficios pagados con la plata de todos los chilenos.
Pero resulta que tres directores —Máximo Pacheco, del PS; Antonio Leal, del PPD, y Francisco Frei, de la DC— salen a pedir públicamente la renuncia del presidente de TVN, aduciendo que filtró a la prensa información sobre las condiciones contractuales de De Aguirre. Directores que o bien no fueron diligentes en cumplir su rol, o bien, al tener conocimiento de hechos irregulares e ilegales intentan minimizarlos o bajarles el perfil, embisten contra quien está denunciando estas irregularidades que han perjudicado gravemente a la empresa que ellos, por mandato del Estado, deben administrar y dirigir.
La estupefacción frente al actuar de estos directores aumenta cuando la declaración pública que emiten se titula “A defender TVN y su pluralismo”. ¿Están defendiendo a TVN u obstaculizando los intentos del presidente por defender el patrimonio de la empresa, afectado por tratos privados al margen de la ley que extraen recursos a TVN en beneficio de particulares? ¿A quién quieren engañar?
La desubicación en la actuación de los directores aludidos es impactante y debe ser repudiada. Están atrincherándose en TVN, intentando convertirlo en un reducto en que un grupo se ha apropiado de un recurso de todos los chilenos para defender intereses políticos y económicos particulares.