Carabineros: Mutual tiene 10 días para entregar contabilidad al gobierno

Incumplir con lo ordenado “se mirará como una infracción grave a los estatutos”, dice el oficio del Ministerio de Justicia, lo que podría ser usado como fundamento para pedir al CDE la disolución de la Mutualidad.

Hace un año que el Ministerio de Justicia inició un proceso para fiscalizar a la Mutualidad de Carabineros por eventuales excedentes que estarían recibiendo los integrantes del Consejo de Administración de esta corporación sin fines de lucro, entre ellos, directores de Carabineros y la PDI. Esto, a raíz de una solicitud que en julio de 2017 hizo el diputado PS Leonardo Soto, quien denunció presuntas irregularidades.

Según el estatuto de la institución policial, la Mutualidad es administrada por un consejo de nueve integrantes, de los cuales tres lo son por derecho propio. Entre ellos, el general director de Carabineros, quien la preside; el director de Bienestar de Carabineros, quien se desempeña como vicepresidente, y el director general de la PDI. Por integrar esta instancia, reciben una remuneración a partir de los excedentes de la aseguradora, los que en 2016 llegaron a $ 24 millones anuales.

A medida que el gobierno empezó a pedir los antecedentes a la Mutualidad para avanzar con la fiscalización, se vio enfrentado a una serie de negativas por parte del organismo.

Por ejemplo, requirieron información sobre los salarios, remuneraciones, bonos y excedentes de los miembros del consejo. Sin embargo, desde la Mutualidad les respondieron que quien los debía fiscalizar era la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y no el Ministerio de Justicia. Respecto de los montos requeridos, señalaron que no podían entregar esos antecedentes por protección de la vida privada y de los datos de carácter personal.

La cartera de Justicia, entonces, le consultó a la SVS sobre su facultad fiscalizadora, a lo que la superintendencia le respondió que no era resorte de ellos fiscalizar a la aseguradora. La misma pregunta hizo la secretaría de Estado a la Contraloría, que respondió que el tema “deberá ser revisado por el Ministerio de Justicia (...) en ejercicio de las facultades fiscalizadoras”.

También le hicieron la misma consulta al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que les respondió el 18 de julio recién pasado que “siendo la Mutualidad de Carabineros una persona jurídica de tipo corporación sin fines de lucro, su fiscalización le corresponde al Ministerio de Justicia”.

Así, con el respaldo de todos estos organismos públicos, el jueves 19 de julio el jefe del departamento de personas jurídicas del ministerio, Simone Hartard, envío un oficio al directorio de la Mutualidad.

Según el documento de ocho carillas, le da al directorio un plazo de 10 días hábiles para entregar una serie de antecedentes que durante un año se han negado a transparentar.

Entre ellos, se requiere la copia de los libros de contabilidad de 2013 a julio de 2018; el inventario de bienes muebles e inmuebles entre 2013 y 2017, y la copia de las actas de la Junta General Extraordinaria de Asegurados y del Consejo de Administración de las sesiones, entre 2013 y 2018.

También, exigen la entrega de la memoria y el balance de 2017 y antecedentes relacionados con el pago de remuneraciones, salarios y/o excedentes a los miembros del consejo desde 2013 hasta la fecha. Piden, específicamente, que se detalle la totalidad de los montos recibidos por cada integrante.

En el caso de no hacerlo, dice el oficio, se arriesgan a la disolución de la Mutualidad. “El incumplimiento de instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia (...) se mirará como una infracción grave a los estatutos, presupuesto que puede ser fundamento para solicitar al Consejo de Defensa del Estado que promueva el correspondiente procedimiento destinado a disolver la entidad fiscalizada por sentencia judicial”, señala el documento.

En paralelo, el Ministerio Público también investiga a la Mutualidad en una causa penal. En particular, el fiscal Eugenio Campos indaga la forma en que este dinero llega a manos de las autoridades policiales, y si esto estaba dentro del marco legal.

Según el diputado Soto, quien preside la comisión encargada de investigar la operación de mutuales vinculadas a las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública, “es positivo que el CDE haya aclarado las dudas que tenía el ministro de Justicia respecto de las facultades de fiscalización y sanción sobre las corporaciones privadas, entre ellas, la Mutualidad de Carabineros”.

Consultado Carabineros, señalaron que la Mutualidad es una corporación de derecho privado, por lo tanto, no tiene ninguna injerencia en las decisiones de su administración.

“Es positivo que el CDE haya aclarado las dudas que tenía el ministro de Justicia”.

LEONARDO SOTO,

DIPUTADO PS.