Fiscalía mantiene 36 investigaciones vigentes por abusos en la Iglesia
El catastro realizado por el Ministerio Público llega a 144 indagaciones, 158 victimarios y 266 potenciales víctimas por hechos ocurridos desde 1960. De ese total, 108 han sido cerradas. Entre las investigaciones aún abiertas, cinco de ellas corresponden
La Fiscalía Nacional dio a conocer el catastro de los casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica chilena. La información fue entregada por el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos del Ministerio Público, Luis Torres, quien recopiló y analizó la información solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, a la totalidad de los fiscales regionales.
Según el catastro, se identificaron 266 víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia, de las cuales 178 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Además, hay 31 adultos y 57 “sin precisar”, relacionados a casos denunciados antes del año 2000, cuando entró en vigencia la Reforma Procesal Penal.
Además, el catastro estableció que hay 158 personas investigadas, las que están asociadas a 144 investigaciones sobre casos ocurridos desde el año 1960 a la fecha. La mayor cantidad de denuncias se realizaron en las regiones Metropolitana (39), del Biobío (18) y de Valparaíso (17).
De las 158 personas indagadas, 74 son obispos, sacerdotes o diáconos que no pertenecen a una congregación; 65 corresponden a religiosos que sí pertenecen a una orden, en los cuales destacan 16 salesianos y 15 maristas. Además, hay 10 laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios.
El catastro tiene su génesis en las denuncias y protestas en contra del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del Papa Francisco a Chile, en enero de este año. Estas generaron que un mes después el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu, visitaran el país para investigar. Aquello resultó en un informe de 2.300 páginas y 64 entrevistas. El resultado conllevó a una segunda visita de los enviados especiales del Pontífice en junio, donde tuvieron audiencia con el fiscal Abbott y los otros persecutores del país. Ahí, se acordó realizar este análisis para determinar qué información sería relevante pedir a la Santa Sede.
Casos por recubrimiento
De las 36 causas vigentes, si bien la mayoría corresponde a delitos sexuales, hay “cincos casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, indica el estudio del Ministerio Público.
Los casos están en reserva, aunque la semana pasada el titular de O’Higgins, Emiliano Arias, indicó que “podría configurarse el delito de encubrimiento” por parte del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación por abuso sexual contra menores y estupro que lleva contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.
En este caso en específico, el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, expresó que, “si el arzobispo de Santiago es citado ante la justicia, pierda cuidado que él va a comparecer y prestará su colaboración en ello. Son los tribunales de justicia los llamados a establecer si hay o no un determinado delito”.
Ante la discusión que se ha presentado por algunas autoridades de la Iglesia frente a la entrega de documentos con testimonios de víctimas y que podrían estar pasando a llevar su privacidad, Coiro aseguró que “la confidencialidad de los datos de la víctima no pueden ser pretexto para encubrir los antecedentes de un victimario. La confidencialidad de la víctima significa que yo le garantizo protección, pero no significa en ningún minuto que se ampara el secretismo del acusado”.
Las fiscalías regionales de Valparaíso, Metropolitana Sur y La Araucanía, pidieron más antecedentes al Vaticano sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra menores. Al respecto el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Luis Torres, dijo que el objetivo es “saber qué es lo que se va a reportar, para que cada fiscalía evalúe lo que corresponda y así fortalecer estos casos y asegurar que las víctimas tengan una respuesta eficaz”.
Ítalo Ortega, fiscal preferente de La Araucanía, señaló que solicitaron que “nos remitieran los antecedentes relativos a los sacerdotes o a las investigaciones contra presbíteros que ellos tuvieran en su poder. Esto se pidió respecto de aquellos nombres que nosotros manejábamos previo a la entrada y registro de la Diócesis de Temuco y Villarrica”.
El persecutor añadió que “la información incautada en esa diligencia está siendo analizada y si con posterioridad es necesario ampliar ese requerimiento, será de esa manera. La solicitud dice relación con los antecedentes que ellos tengan tanto de sacerdotes investigados, como de otras perso-
“Si hay hechos que atentan contra la persona, es obligación moral denunciar”.
EUGENIO DE LA FUENTE
SACERDOTE
“Confidencialidad de víctima no puede ser pretexto para encubrir”.
JAIME COIRO,
VOCERO CONFERENCIA EPISCOPAL
nas del clero investigadas y las víctimas que figuren en esos antecedentes”.
Por su lado, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dijo que de los 17 casos que se investigan en la región, tres están vigentes y que la solicitud al Vaticano es precisamente “para recabar más antecedentes sobre las otras 14 causas que aparecen terminadas”. En tanto, que el fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, indicó que solicitaron “los antecedentes en relación a dos aristas de la investigación en particular y esperamos contar con la colaboración del Vaticano, tal como indicaron los enviados Bertomeu y Scicluna en su oportunidad”.
Balance
El sacerdote Eugenio de La Fuente, quien fue víctima de abuso de poder y conciencia por parte del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, dijo que “es un hecho gravísimo y triste, pero que es muy bueno que se clarifique. Si hay hechos delictuales, como todo ser humano, se tiene que comparecer ante la justicia, y si hay hechos que atentan contra la persona con hechos concretos, es una obligación moral denunciar”.
El informe del Ministerio Público no solo se centra en casos de abuso efectuados por autoridades religiosas, sino también de laicos. Juan Antonio Claret, vocero de los Laicos y Laicas de Osorno, señaló que “eso nos permite ampliar la mirada para comprender que el problema no es como los obispos nos han intentado aparentar, de homosexualidad o celibato, sino que tiene que ver con el ejercicio del poder donde hay personas que en una situación de privilegio se aprovechan de la vulnerabilidad de otro. Es ahí donde tenemos que replantearnos el ejercicio de poder dentro de la Iglesia”.
La próxima semana se llevará a cabo la Asamblea Plenaria, donde el foco será cómo simplificar los canales de comunicación entre la fiscalía y la Iglesia. ●