DEROGAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA INSTITUCIONAL
SEÑOR DIRECTOR
El gobierno se vió obligado a respetar el fallo de Contraloría que deja sin financiamiento público a las instituciones de salud privadas que, teniendo servicios de obstetricia y ginecología, se nieguen a practicar el aborto en las tres causales.
Por su parte, la derecha argumenta que se ignora el principio de subsidiariedad establecido en la Constitución, y alegan el riesgo de control estatal de instituciones privadas por el hecho de recibir recursos públicos. De este modo, impulsan ante el Tribunal Constitucional (TC), un requerimiento en contra.
Una vez más se corre el riesgo de que una política ensimismada desdibuje consensos sociales, en este caso, a nombre de los derechos de las mujeres, mientras los intereses empresariales defienden su dependencia subsidiaria.
El TC reconoció expresamente que la aprobación de la actual ley de aborto en tres causales es una concreción del derecho a la salud. Sin embargo, actuó como legislador positivo -función propia del Congreso y del Ejecutivo-, excediéndose en las atribuciones que la Constitución le confiere, al ampliar la objeción de conciencia a las instituciones. Por ello, hemos presentado, con patrocinio transversal de diputadas de oposición, un proyecto de ley para derogar la objeción institucional.
Defenderemos, sin medias tintas, nuestros derechos y la profundización de la democracia, que se expresa en anhelos por derechos sociales, sexuales y reproductivos. Y hacemos propia la demanda de aborto libre, seguro y gratuito, levantada por el movimiento feminista y que hace expresivo los límites de la actual ley.