“Cada solicitud es una rendición de cuentas para las autoridades”

El presidente del Consejo plantea que la legislación actual es un piso mínimo y que se debe avanzar para incluir organismos como la Contraloría o el Tribunal Constitucional.

“Hace 12 o 13 años atrás, si uno exigía un documento, un estudio o algo que estuviera en manos de alguna autoridad del Estado y ellos lo negaban, no pasaba nada, ni siquiera era cuestionada esa situación”, reflexiona el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Claro que esa ya es historia pasada. Actualmente, gracias a la Ley de Transparencia, gran parte de los organismos estatales tienen un plazo de 21 días para dar respuestas a la solicitud de información de cualquier ciudadano común. Drago cuenta cómo las instituciones han convivido con eso los últimos 10 años.

¿Qué cambios sociales se han generado en torno a la Ley de Transparencia?

Esta legislación tiene dos grandes méritos. El primero, es que hace real el famoso accountability, la rendición de cuentas que en las democracias modernas se debe exigir a las autoridades. Antes, este acto se traducía en una cuenta pública, en un informe, pero un ciudadano cualquiera no podía exigir cuentas reales a las autorida- des porque no tenía ninguna herramienta verdadera para hacerlo. Hoy, cada solicitud de acceso es una pequeña rendición de cuentas que exigimos a las autoridades. Y el otro mérito es que cambió la forma de participar de la vida pública, porque con información la ciudadanía se empodera y puede influir en las decisiones del Estado. Esta ley, que hace 10 años fue considerada de alto estándar, hoy es el piso mínimo.

¿Ha ido la ciudadanía acostumbrándose a tener acceso a la información?

Los aumentos anuales son permanentes, recibimos un 20 o 30% más de solicitudes, más reclamos del Consejo para la Transparencia. Ha ido subiendo permanentemente. Por ejemplo, en lo que va del primer semestre de este año, ha habido un 30 o 40% más de reclamos que el mismo periodo del año anterior.

¿Ha servido para mejorar la confianza en las instituciones estatales?

Nuestros estudios empíricos señalan que las personas que han estado expuestas a la Ley de Transparencia porque han solicitado informa- ción, tienen niveles de confianza superiores que aquellos que no lo han estado. Y es bueno pensarlo de manera contractual: sin la ley y sin el Consejo para la Transparencia quizás muchos casos ligados a la corrupción e irregularidades no se hubieran conocido.

Ahora, ¿hacia dónde debe avanzar la ley?

Empezamos un trabajo de conversación con el Poder Ejecutivo con el fin de analizar la ley y ver qué modificaciones se requieren para los próximos años. Lo importante es desfragmentar el sistema e incorporar a distintos organismos del Estado que hoy no están. Eso incluye a Contraloría, el Tribunal Constitucional y otros poderes del Estado. Avanzar en ese sentido es un tema pendiente.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, artículo 436 del Código de Justicia Militar, no para que se conozcan todas las compras de las Fuerzas Armadas, sino que para que se deje de poner a la seguridad nacional como excusa ante otro tipo de irregularidades. También hay que terminar con las leyes reservadas, que no tienen ningún sentido.