MAX COLODRO
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Moody’s es la tercera de las más influyentes clasificadoras de riesgo que castiga la nota crediticia de Chile y eleva su riesgo soberano. Las razones de ello son obvias: el segundo gobierno de Michelle Bachelet terminó con un déficit fiscal efectivo de 2,8%, el más alto desde 2009. Asimismo, su administración concluyó con un aumento de la deuda pública desde el 12,7% de PIB en 2013 a un 23,6% en 2017; un deterioro del déficit estructural de un 0,5 a un 2,0 en el mismo período, una inédita baja de la inversión durante cuatro años consecutivos y un crecimiento promedio de la economía de apenas 1,7%.
Se ha discutido hasta el cansancio si este deterioro responde principalmente a factores internos o externos, pero es innegable que la segunda administración de Bachelet apostó por financiar derechos sociales sin tener la certeza de contar de manera permanente con los recursos para ello. Entre otras cosas, se ofreció gratuidad universal en educación superior para el año 2020 y finalmente se debió reconocer que las condiciones financieras para hacerla realidad podían demorar más de medio siglo. Ese reconocimiento fue un claro ejemplo de la irresponsabilidad con que se prometieron cosas inviables, entre las cuales también estuvo el compromiso incumplido de converger a una situación de equilibrio fiscal hacia el final del período.
El “castigo” que las clasificadoras de riesgo han aplicado al país en el último tiempo puede parecer un mero “tecnicismo”, más bien distante de la realidad política, pero en rigor se inscribe en el seno de la crisis que actualmente atraviesa la centroizquierda chilena e internacional. Proyectos políticos cuya columna vertebral es el progresivo aumento del gasto público para financiar “derechos sociales”, pero sin un énfasis equivalente en la necesidad de generar las condiciones económicas para darles sustentabilidad en el tiempo. El resultado lógico e inevitable de ese “proyecto político” no es otro que el deterioro fiscal, un deterioro que en nuestro caso muchos prefieren no reconocer cuando afirman que la posición relativa del país sigue siendo “sólida”, pero minimizan la tendencia. Ahora Chile debe hacer esfuerzos por revertir esa tendencia, lo que políticamente no es fácil para ningún gobierno.
De algún modo, el aumento de nuestro riesgo soberano es un buen resumen del dilema que hoy enfrentan las izquierdas contemporáneas, uno de los factores que explican la crisis de los “Estados de bienestar” y de las corrientes socialdemócratas. La escasa preocupación por la sustentabilidad económica de las reformas impulsadas en Chile por la Nueva Mayoría quedó gráficamente plasmada el día en que el equipo económico encabezado por el exministro Rodrigo Valdés presentó su renuncia al gobierno. La razón entregada en esa circunstancia por el extitular de Hacienda fue que no había logrado convencer a las autoridades de su propio gobierno de la importancia del crecimiento.
La derrota electoral y el consecuente deterioro que hoy se observa en la centroizquierda chilena tienen un vínculo innegable con aquello que las clasificadoras de riesgo han venido en el último tiempo a confirmarnos: la sustentabilidad económica es una de las claves de la viabilidad política de cualquier esfuerzo transformador.
El “castigo” de las clasificadoras de riesgo se inscribe en el seno de la crisis de la centroizquierda.