La Tercera

Fiscal afirma que religiosos destruyero­n pruebas de abusos sexuales

Persecutor Emiliano Arias prometió hacer “un juicio histórico” y valoró el rol del Papa en las indagacion­es.

- Lorena Leiva

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El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien investiga los presuntos abusos sexuales que habría realizado el excancille­r del Arzobispad­o de Santiago, Óscar Muñoz, así como los ilícitos de similares caracterís­ticas imputados a la llamada “Cofradía de Rancagua”, dio a conocer parte de los detalles que lo llevaron a citar como imputado de presunto encubrimie­nto en delitos sexuales contra menores a la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati.

En entrevista con el diario El País, el persecutor indicó tras las diligencia­s realizadas en estas causas, que incluyeron allanamien­tos a sedes eclesiásti­cas: “sabemos que religiosos destruyero­n evidencia sobre abusos sexuales”. Luego de estas actuacione­s, el Ministerio Público pudo acceder a 90 investigac­iones canónicas por abusos contra menores, realizadas desde 2007 a la fecha.

Dichas diligencia­s, además, permitiero­n a Arias pedir la detención de Muñoz, quien actualment­e se encuentra en prisión preventiva. Este último, por su cargo, era un hombre de confianza de Ezzati.

“Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinad­os obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencia­s, se hubiese evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos”, señaló Arias al periódico español. El persecutor, así, apuntó a las autoridade­s eclesiásti­cas que pudieron, eventualme­nte, haber omitido alguna denuncia.

“¿Quién es el responsabl­e de una organizaci­ón y de lo que ocurre en un territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescent­es? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso”, expresó el fiscal.

Con esto apunta, además, a una “cultura del encubrimie­nto dentro de la Iglesia Católica chilena, que ha posibilita­do la comisión de delitos al interior de la organizaci­ón”, una situación que fue advertida por el Papa Francisco en su carta a los fieles enviada el 31 de mayo pasado, y que según Arias “abrió el camino para investigar”.

Reacciones

Para Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del ex párroco del Bosque Fernando Karadima, las palabras de Arias no lo sorprenden, ya que se trata de antecedent­es conocidos por las víctimas. Asimismo, destacó que el Ministerio Público se haya hecho parte de las investigac­iones y “se haya puesto las pilas. Que ya no sea solo esta justicia paralela, de los que manejan el derecho canónico, sino que ahora sea el Estado chileno el que persiga hasta las últimas consecuenc­ias a estos encubridor­es”, dijo.

Mientras que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, destacó que más allá de que la norma que obliga a una persona a denunciar un delito no incluye a sacerdotes, a su juicio, el no haber acudido a la justicia para poner en conocimien­to los hechos “deja de manifiesto una infracción ética y que evidenteme­nte involucrar­ía o debiera involucrar responsabi­lidades de índole político de la Iglesia en este ámbito”.b

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► El fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, en una de las diligencia­s del caso.

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