Proyecto que sanciona el cohecho incluye figura de la colaboración eficaz
El Ministerio de Justicia propondrá esta semana una nueva redacción de la iniciativa legal, que penaliza el cohecho sin contraprestación, eleva en un grado las penas, crea el cohecho agravado y fija atenuantes para la entrega de información que esclarezca
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A una nueva sesión de la comisión mixta que revisa el proyecto que modifica el Código Penal en materia de corrupción llegará mañana el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El secretario de Estado ingresará en esa ocasión una propuesta del gobierno para despejar el debate que se ha producido en los últimos días, principalmente sobre la definición en torno al cohecho.
Así, Larraín presentará un nuevo tipo penal de cohecho y, además, una nueva figura de cooperación eficaz.
La redacción del Ejecutivo se da luego de que en la última sesión los parlamentarios opositores repusieran una indicación que buscaba disminuir los requisitos probatorios en caso de cohecho. Esto, para que no sea necesario probar que el funcionario público que recibió un beneficio haya realizado una contraprestación, a diferencia de lo que ocurre hoy.
Pese a que el propio Larraín se había mostrado inicialmente en contra de incluir en la tramitación de esta iniciativa este punto, argumentando que con ello se podrían afectar casos en curso —como SQM y Corpesca—, ese temor quedó despejado y finalmente se abrió a lo planteado por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.
Así, el borrador de la propuesta del Ejecutivo —al que tuvo acceso La Tercera— crea una nueva figura de cohecho por mera actividad o en razón del cargo, sin plantear la necesidad de que se deba probar una contraprestación. “El empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a tres años), inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo y multa del tanto del beneficio solicitado o aceptado”, se lee en el documento. Es decir, la multa será equivalente al monto que recibió el funcionario público.
La propuesta, en definitiva, aumenta en un grado las penas, ya que actualmente el cohecho base se castiga con reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días).
Además, se agrega que “si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 25 a 250 UTM”. Es decir, desde $ 1 millón 192 mil a $ 11 millones 920 mil, según el valor de la UTM de julio.
Dada la modificación anterior, la propuesta también contempla una nueva redacción para el delito de soborno. En ese sentido, se detalla que tratándose del beneficio “dado u ofrecido”, es decir, el que es entregado por iniciativa de un particular a un funcionario público, el sobornante será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio. Y en el caso del beneficio “consentido” —el que entrega un particular por iniciativa de un funcionario público— se sancionará con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
El ministro Larraín explicó que pese a que el Ejecutivo tenía contemplado abordar esta materia en la reforma al Código Penal que su cartera enviará en los próximos meses al Congreso, se optó por adelantar la discusión “para dar una señal y que no quede ninguna figura que pudiese ser un vacío en la nueva normativa que va a regular el cohecho”.
Además, en la propuesta del Ejecutivo se incluye la figura de cohecho agravado en el caso de empleados públicos que desempeñen cargos de elección popular, de exclusiva confianza del Presidente de la República o de los elegidos mediante Alta Dirección Pública (ADP) del primer nivel jerárquico, incluyendo, en total, a más de 700 autoridades.
Principalmente, la figura contempla que en el caso de que esas autoridades cometan el delito de cohecho, el piso de la pena sea de cinco años, otorgándole, de esa manera, la categoría de crimen. Esto implica que no se podrá cumplir en libertad, como ocurre actualmente.
El ministro Larraín, además, propondrá mañana una nueva figura de “cooperación eficaz”, medida que cuenta con el respaldo transversal de los integrantes de la comisión mixta.
Esta modalidad establece como atenuante el “suministro de informaciones o datos precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente” al esclarecimiento de los hechos investigados, permitan la identificación de los responsables o sirva para prevenir o impedir la consumación de los delitos. En estos casos, el tribunal podrá rebajar hasta en dos grados la pena.
El debate que viene
Si bien la discusión en la comisión mixta se ha centrado hasta ahora en el aumento de penas en materia de cohecho y soborno, el proyecto —que refunde una serie de iniciativas (ver cronología)— aborda modificaciones en otra amplia serie de ámbitos. Entre ellos, la creación de nuevos delitos como la corrupción entre privados y la administración desleal, además de la suspensión del plazo de prescripción de los delitos de malversación, fraude al Fisco y cohecho. Esto, mientras el empleado público se encuentre desempeñando el cargo que ejercía cuando perpetró el ilícito.
Asimismo, el proyecto amplía la responsabilidad penal a las personas jurídicas, llegando a la pena de disolución de la empresa en caso de simples delitos de cohecho, soborno, cohecho a funcionario público extranjero, negociación incompatible y corrupción entre particulares, entre otros.