PROCESO PARA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Esta primera etapa del plan diseñado por el gobierno logró una importante convocatoria, sin perjuicio del populismo en que insisten algunos sectores de oposición.

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Ha concluido la primera etapa del Proceso Extraordinario de Regularización de Migrantes que tenía por objeto ordenar una situación que afectaba a un número de extranjeros ingresados al país hasta el 8 de abril de este año -las autoridades estimaban entre 250 mil y 300 mil personas- que estaban en una calidad que infringía las disposiciones legales y reglamentarias de extranjería. Finalmente se inscribieron 155.707 personas a través de este proceso especial, y otras 108.550 a través de procesos regulares, quienes al ser verificados sus antecedentes podrán acceder a una visa temporal.

Más allá de la evidente vulneración del marco normativo que supone la inmigración irregular, también se escondía una realidad que revestía especial gravedad. Muchos de estos inmigrantes, empujados a salir por las condiciones sociales, políticas y económicas de sus países de origen, debían enfrentarse a una condición que los hacía susceptibles de abusos dada su condición de irregulares, y quedar al margen de políticas sociales. Ello constituye una situación que se hacía necesario enfrentar, y que, aunque no fuera un “perdonazo” como explicó el ministro del Interior, se hacía indispensable regularizar. Por lo tanto, es valioso que, más allá de algunos problemas de comunicación e información, este proceso se haya podido llevar a cabo y que un número importante de inmigrantes haya expresado su voluntad de acogerse al sistema, manifestando la intención de proyectar su vida en nuestro país.

Tal como lo manifestó el Presidente de la República, “hay que tener muy claro de que los tiempos de la inmigración ilegal ya han quedado atrás”, y que aun cuando el país seguirá estando abierto “es evidente que debe ser cumpliendo nuestras leyes”. Y en ese contexto, es fundamental que del proyecto sobre inmigraciones que se discute en el Congreso se pueda obtener una ley moderna y que entregue las herramientas necesarias para evitar seguir con la dinámica de las “regularizaciones”. Sin perjuicio de la observancia de las garantías personales de quien entra al país, disponer de mecanismos de fiscalización adecuados, facultades claramente definidas y sanciones efectivas, evitará recaer en procesos que se desbordan.

Por otra parte, y sin perjuicio de la integración de la población migrante, no hay que perder de vista que ello importa costos, y en un escenario de incremento del endeudamiento, y de aumento del déficit fiscal, el impacto en la entrega de beneficios sociales debe ser ponderado adecuadamente, evitando incurrir en prácticas populistas. De allí que resulte muy poco afortunada la decisión de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que en relación con el otorgamiento del Bono Marzo optó por rechazar la exigencia de una visa de permanencia definitiva para efectos de acceder a dicho beneficio. Evitar que alguien sin mayor arraigo en el país lo abandone luego de recibir este bono no parece una medida discriminatoria sino, por el contrario, de prudencia en la correcta asignación de los recursos.