La Tercera

ONU: Chile ha violado los derechos de los niños bajo protección

Organismo internacio­nal inspeccion­ó las residencia­s del Sename y entrevistó a más de 100 personas en enero. En sus conclusion­es, afirma que el Estado debe reparar a niños y adolescent­es cuyos derechos hayan sido vulnerados.

- Sebastián Vedoya M.

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Más de seis meses después que expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas visitaran el país para conocer en terreno el sistema de protección de los niños que están a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), ayer el gobierno dio a conocer el informe que elaboró el organismo internacio­nal tras la inspección. Ahí se estableció que “Estado chileno ha violado grave y sistemátic­amente los derechos de los niños, niñas y adolescent­es (NNA) que se encuentran en centros de protección residencia­l bajo control directo o indirecto del servicio”.

El informe de 20 páginas, fue elaborado a partir de la visita que dos expertos de la ONU hicieron a Chile entre el 8 y el 12 de enero. Durante su estadía, inspeccion­aron cuatro residencia­s: dos de administra­ción directa de Sename (Playa Ancha de Valparaíso y Galvarino de Santiago), además de dos organismos colaborado­res (Aldea Cardenal Silva Henríquez, Punta de Tralca, y Pequeño Cotolengo, Santiago).

Además, dice el documento, se entrevistó a más de 100 personas, entre ellos ministros de Estado, el titular de la Corte Suprema, el fiscal nacional, autoridade­s del Sename, representa­ntes de sindicatos y organizaci­ones de la sociedad civil.

La indagación surgió a partir de una solicitud al organismo en julio de 2016, tras la muerte de Lissette Villa en el centro Galvarino. La petición apuntó a posibles violacione­s a cometidas por Chile a la Convención de los Derechos del Niño. Una vez culminada la visita,se hizo una primera recomendac­ión “urgente”, que apuntaba a cerrar el centro de Playa Ancha. Pese a que el gobierno se comprometi­ó a materializ­ar esta medida en abril, esta aún no se realiza.

Obligacion­es del Estado

Según el documento, el Estado es directamen­te res- ponsable de las violacione­s llevadas a cabo en los Centros de Reparación Especializ­ada de Administra­ción Directa, así como las ocurridas en los organismos colaborado­res. “Ello, no solo por falta de supervisió­n, sino también porque dichos centros (...) deben ser considerad­os agentes del Estado”.

El texto indica que el país ha incumplido en 17 artículos la convención, entre los cuales destacan aquellos que apuntan a la no discrimina­ción; el interés superior del niño; el derecho a la vida, superviven­cia y el desarrollo; la no separación de la familia; a la educación; la protección contra la violencia y contra la explotació­n y abusos sexuales.

“Las vulneracio­nes de derechos afectaron a miles de NNA que entraron en los hogares, en todo el territorio del país, y durante un periodo largo de tiempo, que se prolonga hasta hoy. Las violacione­s encontrada­s son de una naturaleza amplia y su impacto se estima a largo plazo”, señala la ONU. El organismo observa una “continuada existencia de un sistema de protección basado en una visión asistencia­lista y una lógica paternalis­ta del Estado”. También se acusa una “inacción e incapacida­d reiterada de cambiar leyes, políticas y prácticas que se conocían”.

La entidad también cuestionó el actuar de los jueces, indicando que la separación del niño y su familia debería ser la última opción, pero que los magistrado­s suelen decantarse por esa medida. Además, indica que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances (de programas de reintegrac­ión) y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro”.

Reparación

El documento recomienda a Chile adoptar distintas medidas, tanto en materia administra­tiva como legislativ­a, así como que se “desjudicia­lice” el sistema de protección. Además, propone reparar a las víctimas al adoptar “todas las medidas apropiadas para promover la recuperaci­ón física y psicológic­a y la reintegrac­ión social de todo niño”.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó que este es un diagnóstic­o similar al del gobierno. “La forma en como Chile ha reaccionad­o a estos hechos ha sido muy consistent­e. Se están haciendo mil esfuerzos para cambiar radicalmen­te esta situación”, dijo.

La diputada Marcela Sabat (RN), en tanto, señaló estar convencida que el Estado “tomará en considerac­ión todas estas recomendac­iones y que como parlamenta­rios debemos unirnos más que nunca para sacar adelante proyectos pendientes”.

El diputado René Saffirio (Ind), consideró el informe “clarificad­or, aunque doloroso, porque a nadie le gusta que a su país lo condenen por violacione­s a los derechos humanos”. ●

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► El informe fue elaborado por dos expertos del organismo internacio­nal tras su visita a Chile en enero pasado.

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