Fiscalía amplía investigación contra excanciller de Santiago por encubrir abusos
El anuncio del fiscal Emiliano Arias coincide con el inicio de la asamblea plenaria de los obispos en ejercicio en Punta de Tralca, donde participó el cardenal Ricardo Ezzati.
Desde que asumió el caso de abusos en la Iglesia en Rancagua en mayo pasado, el fiscal Emiliano Arias ha avanzado semana a semana en una verdadera vorágine de incautaciones, recopilación de documentos, cartas y archivos que se han ido encadenando a las causas que indaga. El trabajo ha llegado a tal punto que la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott, decidió ampliar las facultades que hasta ahora tenía el persecutor en el caso.
Tras su entrevista en el diario El País, donde dijo que estaba investigando la destrucción de pruebas, entre otros presuntos delitos, Arias eligió el día de ayer para anunciar que profundizará su indagatoria en contra del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, y a su jefe directo, el cardenal Ricardo Ezzati, como encubridores de delitos sexuales, previo a que Muñoz (que se encuentra en prisión preventiva como autor de abusos sexuales reiterados contra menores) dejara su cargo tras autodenunciarse ante la Iglesia. El día no fue antojadizo, pues coincidió con el inicio de la asamblea plenaria extraordinaria de los obispos en ejercicio de la Conferencia Episcopal (Cech), para discutir cómo responder de mejor manera ante la crisis que vive la Iglesia Católica chilena (ver nota secundaria), que la tiene hoy con 158 sacerdotes investigados según el catastro entregado por el Ministerio Público.
Destrucción antecedentes
El fin de semana pasada, Arias ahondó en sus diligencias y aseguró que hubo destrucción de documentación en la Iglesia, relativa a denuncias por delitos sexuales cometidas por miembros del clero. Lo que hizo fue confirmar, tras los allanamientos, aquello que había sido denunciado por el propio Papa Francisco, a través de una carta que les escribió a los 34 obispos de la Cech que fueron citados al Vaticano en mayo pasado. “Se explica expresamente que dentro de las anomalías que ellos pudieron detectar, está precisamente la destrucción de antecedentes de parte de las personas que estaban a cargo de los archivos y damos por verdadera esa aseveración y eso es materia de investigación”, dijo Arias, quien de paso aclaró que “falta determinar quién destruyó esos antecedentes y cuál fue el rol de esta persona (Muñoz)”.
El fiscal jefe de Rancagua no descartó solicitar antecedentes directos al Papa, y sumarse a los requerimientos del Ministerio Público al Vaticano,
“Falta determinar quién destruyó esos antecedentes y cuál fue el rol de Muñoz”.
EMILIANO ARIAS, FISCAL REGIONAL DE O’HIGGINS
que ya pidieron las fiscalías de Valparaíso, La Araucanía y Metropolitana Sur.
El secretario de la Cech y administrador apostólico de Rancagua, el obispo Fernando Ramos, dijo que “la fiscalía hace su labor (...) Si tiene antecedentes me parece bien que se investigue (...) Yo no tengo antecedentes de eso”. Sin embargo, cuando el Pontífice informó de la situación, y los obispos pusieron sus cargos a disposición, se consultó a Ramos por la destrucción de documentos y éste explicó que habían tomado conocimiento sobre dichas acusaciones, que las consideraban “extremadamente graves” y que, como Cech, buscarían tomar medidas. Algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Roberto Sánchez, vocero de la asamblea de Laicos y Laicas de Santiago, dijo que “pediría al fiscal Arias que llamara a declarar a Ramos, ya que también era jefe de Muñoz”, como ex obispo auxiliar de Santiago.
Contexto
“Realizamos la incautación de todas las investigaciones canónicas de 2007 en adelante. Esa es la materia de la investigación y eso podría ser también materia de la imputación en no solo un caso, porque hay más denuncias”, explicó ayer el persecutor Arias, haciendo referencia al allanamiento del Arzobispado de Santiago, en junio pasado, solo horas antes de reunirse en la Nunciatura Apostólica con los enviados papales, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, junto con el fiscal nacional, Jorge Abbott y sus pares Raúl Guzmán (Metropolitana Sur) y Mauricio Richards (Maule).
Fue precisamente en esa incautación de documentos realizada en el Arzobispado de Santiago, donde el Ministerio Público habría encontrado antecedentes de posible encubrimiento de parte Óscar Muñoz cuando oficiaba como canciller del organismo, respecto de otros delitos sexuales, diferentes a los que se investigan y que habrían pasado por sus manos, debido al cargo que ostentaba. Se está “investigando en relación a ese imputado si es que él, además, encubrió a otros imputados en relación a su actuación”, explicó el persecutor.
Según la información que hasta ahora ha podido recabar el Ministerio Público sobre cómo operaba la Iglesia frente a las denuncias de abuso sexual, el fiscal Arias aseguró que “es el obispo en definitiva el que determina quién lleva una investigación en concreto y en el caso de investigaciones canónicas, siempre encontramos la participación del propio obispo, que es el que da inicio a esta investigación, con posterioridad se designa a quien investiga y allí hay un investigador canónico el que puede ser un sacerdote o un laico, además todas estas actuaciones van pasando a través del canciller y el promotor de justicia. En consecuencia, ese es un primer círculo, dentro del cual ellos tuvieron que haber cumplido con ciertos estándares de investigación, respecto de cada caso y ahí habría un primer centro, un eje para saber como cumplieron o no obligaciones o si cometieron omisiones”, señaló.
Arias reconoció que ni el excanciller ni el cardenal Ezzati, y en general cualquier sacerdote, tiene responsabilidad legal de denunciar delitos ante la justicia ordinaria. Sin embargo, considera que “el hecho que no estemos obligados a denunciar no implica que se nos tenga prohibido dar a conocer o promover las denuncias, porque en un Estado de Derecho, la forma en que todos nos hemos puesto de acuerdo para que los hechos delictivos no se repitan es mediante la investigación, juicio y sanción penal”.
Sobre las denuncias supuestamente recibidas por Muñoz como canciller, Arias señaló que es preciso “determinar la diligencia con la que se realizaron esas investigaciones, si es la plena diligencia, ninguno de lo imputados va a tener responsabilidad penal, si hay negligencia podrá haber una u otra responsabilidad y si hay dolo, es decir, el conocimiento que con la negligencia estaba favoreciendo a imputados en concreto, entonces ahí ya hay responsabilidad penal”, aseveró.
La reunión secreta
Durante la tarde y lejos de luces y flashes, llegó hasta la fiscalía de Rancagua, Gabriel Henríquez (el abogado del excanciller Muñoz) a interiorizarse de los avances en la investigación, en especial lo referente a las imputaciones por encubrimiento que indaga el Ministerio Público. En esta línea, Henríquez refutó los dichos de Arias respecto al posible encubrimiento en el que habría incurrido su defendido cuando ostentaba el cargo de canciller del Arzobispado de Santiago, hasta el 2 de enero de este año.
Fuentes cercanas al caso aseguran que fue el fiscal Sergio Moya quien recibió al defensor, a quien le habría informado que el fiscal regional, Emiliano Arias, tendría al menos tres causas por encubrimiento contra el canciller y que una de ellas versaría sobre las denuncias que presentaron las víctimas de Karadima al clero, contra el expárroco de El Bosque.
“Me parece bien que se investigue. Yo no tengo antecedentes de eso”.
FERNANDO RAMOS, OBISPO Y SECRETARIO CECH