Arica: la inagotable lucha de la población Cerro Chuño
Minvu elaboró catastro de sus 1.037 habitantes y prepara un plan social para sacarlos de las casas contaminadas.
Más de mil personas, entre adultos y niños, serán trasladadas de la “toma” de 785 casas contaminadas en Arica. El grupo corresponde a ocupantes ilegales en la población Cerro Chuño, chilenos e inmigrantes, que comenzaron a habitar las viviendas abandonadas por sus propietarios en 2012, tras implementarse un plan gubernamental de traslado de estos a nuevos conjuntos habitacionales. Todo eso ocurrió a raíz de que el sector presentaba altos
niveles de plomo y arsénico, por la existencia de un sitio con desechos tóxicos frente a sus hogares.
En noviembre de 1997, cuando se detectó la contaminación mineral, el sector fue bautizado “casas con plomo”.
El secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolu, estima que este plan de contingencia se desarrollará en los próximos dos años. La estrategia descarta el uso de la fuerza pública, como ocurrió en febrero de 2017. En esa ocasión, la Corte de Apelaciones paralizó el desalojo, al acoger un recurso de protección presentado a favor de los pobladores por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“Queremos evitar una medida de fuerza, porque no es sano para nadie. Nuestra voluntad es buscar un entendimiento, no que Cerro Chuño se siga manchando con situaciones complejas”, expone el seremi.
El 29 de junio se conformó una mesa de trabajo junto a los tres comités habitacionales constituidos en el sector. A esta instancia también se sumaron la Secretaría Regional Ministerial de Salud y el Servicio de Vivienda y Urbanización.
La última medición, realizada en el sector por la seremi de Medio Ambiente, indica que desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016 “no se visualizan valores sobre el nivel de riesgo aceptable (29 microgramos por kilo), debido en gran parte a que la concentración de polimetales en el suelo ha disminuido”.
Sin embargo, el seremi de Vivienda plantea que “es necesario cumplir con la orden de demolición de las 785 viviendas de esta población. No podemos arriesgarnos a que aparezcan nuevas personas contaminadas. Por eso, vamos a ir trabajando caso a caso”.
La presidenta del Comité Fuerza de Vida de Villa El Solar -como llaman al sector sus habitantes-, Ana Araya (58), fue una de las primeras ocupantes ilegales, en 2014. Relata que decidió tomarse una vivienda “porque mi nieta debía dejar Calama, a raíz de que le hacía mal el clima. No sabía nada de la contaminación. No teníamos dónde vivir y solo vimos una oportunidad en estas casas deshabitadas. Sacamos mucha basura, reconectamos el agua y la electricidad para vivir dignamente”.
Para iniciar el nuevo plan de erradicación, la seremi de Vivienda elaboró un catastro de la población. La encuesta arrojó 1.037 habitantes. De ellos, 644 son chilenos.b