Redistribución (3)
Las desigualdades en un país no son solamente entre ricos y pobres, también las hay entre sanos y enfermos, empleados y desempleados, hombres y mujeres, y entre regiones geográficas. Me quisiera detener hoy en esta última. Una de las principales consecuencias de las políticas de minimización del gasto público, mercantilización y privatización implantadas en Chile en los 80s es la ausencia de una política de descentralización.
La descentralización es el proceso de distribuir poder desde la autoridad central a los territorios. Esta tiene al menos tres componentes. La administrativa, que asume traslado de funciones administrativas del gobierno central a los territorios (región, comuna, etc.); la política, que asume una cierta autonomía de los territorios para crear sus propias políticas desde sus gobiernos electos democráticamente, y finalmente la fiscal, que se refiere al tamaño en el cual los bienes públicos locales son financiados por los ingresos de los territorios. Pensar en descentralización, entonces, es pensar en más democracia, mayor igualdad en el bienestar de la población y en el poder político.
En cuanto a la descentralización fiscal hay tres formas de financiamiento de los territorios. Los recursos propios que puedan recaudar con impuestos o actividades productivas locales, las transferencias del gobierno central y finalmente, deuda. Hay cifras que nos ayudan a evaluar a Chile en este ámbito (C. Amtmann Fecci, 2018). En primer lugar, los ingresos de los territorios (gobiernos subnacionales) son solamente un 3,6% del PIB, mientras el promedio OCDE es 16% (12,6% en los países unitarios no federales como Chile). En segundo lugar, más de un 60% de los ingresos provienen de recursos propios, en la OCDE el promedio es de 56%. Tercero, un 1,5% de la recaudación fiscal proviene de impuestos sub-nacionales, en la OCDE es 7%. Esto se suma a las grandes desigualdades en desarrollo humano y competitividad que ponen a la RM a una distancia significativa del resto. Sin embargo, hay algo bien distribuido en el territorio nacional: los conflictos socio-ambientales (INDH).
Una vez más, hay que entender que lo fiscal depende de lo político y mientras las regiones no tengan mayor autonomía política no estarán en condiciones de que aumenten sus ingresos. En ese sentido, se espera sea positiva la elección de GORE. Segundo, no puede ser que inversiones que provocan grandes costos socio-ambientales en los territorios no paguen por las externalidades negativas que generan, y esos recursos deben ser ingresos propios de las regiones. Tercero, se necesitan mayores transferencias, especialmente vinculadas a un nuevo modelo de desarrollo, que genere planes de desarrollo productivo regionales decididos colectivamente y de manera democrática, acompañados de financiamiento a la ciencia y la tecnología y la redistribución del capital humano.
Para todo esto “no hay Mastercard”, se necesitan mayores recursos fiscales.