Los niños y los tribunales
El reciente informe de la ONU deja bastante mal parado al Estado chileno, el que recibe acusaciones de cometer violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Realmente, esas conclusiones no debieran sorprender luego de todo lo que hemos sabido sobre el funcionamiento del Sename. Sí resulta más extraño ver mencionado al Poder Judicial dentro de las conclusiones del reporte, en donde se representa, por una parte, que a los jueces les corresponda adoptar medidas de protección pese a no tener “un conocimiento preciso de los recursos alternativos a la internación, ni el tiempo necesario para el estudio de cada caso individual, ni la capacitación para saber cuál es la medida más adecuada para cada NNA”. Por otra parte, se reprocha “no existir una rigurosidad suficiente en las tareas de supervisión que le competen”.
Coincidentemente, una de las recomendaciones del informe apunta a desjudicializar el sistema de protección, traspasando esas funciones a un “servicio de protección administrativo, especializado y dotado de recursos suficientes”.
Por buenas o malas razones, el Poder Judicial ha terminado asumiendo en nuestro país no solo en este tema, competencias que en rigor no le corresponden. Los jueces existen para resolver conflictos entre partes, adjudicando el derecho luego de sopesar los hechos relevantes. Sin embargo, hoy actúan en muchas materias en que no hay propiamente un litigio, como en la que acabamos de ver. Esto también se produce en los llamados asuntos no contenciosos y en la gran mayoría de las cobranzas de deudas, los que representan un 94% de los casos civiles que ingresan al sistema judicial. Los jueces o los fiscales judiciales tienen también que supervisar el estado de las cárceles y el funcionamiento de notarías, conservadores y archiveros, así como intervenir en el nombramiento de estos últimos.
Pero resulta que los tribunales carecen de los instrumentos y las competencias técnicas para realizar esos cometidos, haciéndose responsables por situaciones que realmente no pueden controlar. Al punto que hace no mucho tiempo y a raíz de uno de los periódicos problemas habidos con notarios y conservadores, la Corte Suprema pidió que se le quitara la labor de supervisión de éstos, cuestión que hasta el día de hoy no ha sucedido. En la misma línea se expresó ahora el vocero de la Corte, señalando que “sería bienvenida” separar la administración del Sename “de lo que es la labor estrictamente judicial”.
Lo cierto es que el problema es aún más serio, puesto que cuando el Poder Judicial se involucra administrativamente en el funcionamiento de un servicio público, pierde distancia respecto al mismo, la cual es necesaria para que pueda posteriormente resolver con independencia los eventuales conflictos que puedan aquejar a esos servicios y sus usuarios, sin ser parte involucrada en el problema.