Supuesto atentado contra Maduro
Las dudas sobre el supuesto ataque del que habría sido víctima el presidente venezolano dan cuenta de la escasa credibilidad del régimen y del creciente caos que se vive en Venezuela.
Las explosiones que interrumpieron el sábado los actos en la Avenida Bolívar en Caracas y que el régimen de Nicolás Maduro se apresuró en calificar como un atentado han despertado más dudas que certezas. La razón no es sólo la escasa credibilidad del gobierno venezolano “que impide saber la verdad de lo ocurrido”, como lo dejó claro el secretario general de la OEA, sino también la apresurada reacción del propio régimen para atribuir responsabilidades y apuntar a culpables. De inmediato se acusó, sin entregar evidencia alguna, al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos de estar detrás de lo sucedido y un supuesto grupo autodenominado “Los Soldados de Franela” se atribuyó luego, a través de Tuiter, la autoría del ataque. E incluso, a solo horas de los hechos, el fiscal general anunció haber detenido primero a cuatro y luego a seis de los “responsables” de la acción, sin entregar ningún dato concreto sobre sus identidades.
A cuatro días del supuesto atentado contra el mandatario venezolano la información disponible se limita a la entregada por el gobierno que, además de responsabilizar a Santos, apunta también a miembros del grupo del ex policía Oscar Pérez, que el año pasado atacó el Ministerio del Interior y la Corte Suprema desde un helicóptero –quien habría sido abatido en enero por fuerzas de seguridad- y asegura que los financistas del supuesto ataque se encuentran en Miami.
Según esa versión, el fallido atentado habría sido perpetrado con drones cargados de explosivos y entre los seis detenidos estarían dos de las personas que manejaban esos aparatos, según el fiscal general. Asimismo, se habría identificado a quienes armaron los artefactos. Debido a las severas restricciones a la prensa que existen en Venezuela es imposible corroborar esa información, pero lo sucedido el sábado da cuenta del caos y de la profundidad de la crisis institucional en la que se encuentra Venezuela.
Sólo una investigación transparente en manos de un sistema de justicia imparcial y no cooptado por el poder político permitiría aclarar sin sombra de dudas lo que realmente sucedió el sábado en el centro de Caracas. Ese es el único camino que permitiría hacer un juicio real sobre lo sucedido. Sin embargo, la actual situación venezolana hace improbable que ese objetivo se cumpla. Por ello, las posibilidades de conocer lo que realmente sucedió, son escasas. Un hecho que conspira, además, contra un eventual juicio justo a los actuales detenidos.
Este panorama sólo termina siendo funcional para el régimen, al desviar la atención de una crisis económica que alcanza niveles inéditos -con una inflación prevista de 1.000.000 % para este año- y darle, además, una nueva justificación para endurecer su presión sobre la oposición y llevar a cabo una razia dentro de las FFAA justo en momentos en que surgían versiones de un creciente descontento hacia el régimen en sectores del mundo castrense.