Plataformas tecnológicas en transporte
El Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que permite regularizar la situación actual de las plataformas tecnológicas y sus socios conductores, muy distinto al del gobierno anterior que restringía severamente su desarrollo. Esto constituye un avance, considerando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), que destaca que la preferencia por los nuevos servicios se debe a una mayor valoración por parte de los usuarios, y no solo a los precios bajos. Aspectos como la seguridad y la confianza, así como la diversidad de servicios y una mayor cobertura, se logran gracias a las nuevas tecnologías.
Por el lado tributario, las empresas deberán estar constituidas en Chile, quedando sujetas al pago de impuestos de primera categoría. Por su parte, el proyecto contempla la entrega de información al SII, lo que facilita la fiscalización de los impuestos a la renta que les corresponda pagar a los socios conductores, según la legislación vigente.
Aunque bien inspirado, existen en el proyecto aspectos relevantes que van a depender del reglamento que se defina y de otros decretos, que tendrán una incidencia importante en la aplicación práctica de la ley.
Entre ellos está el tipo de licencia exigida, que podría flexibilizarse para socios conductores que ofrecen servicios ocasionalmente. Alternativamente, se podría dejar de exigir un curso para la obtención de la licencia tipo A-1.
Asimismo, el nuevo reglamento debe permitir diversidad en el tipo de vehículo que se use para prestar estos servicios. En el caso de los servicios compartidos, como el Uberpool, el proyecto exige que los vehículos estén inscritos como taxis colectivos, lo que limita su potencial.
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones queda con la facultad de limitar la oferta por zonas y horarios en forma arbitraria. En este sentido se debe tener en cuenta que estos servicios tienen una mayor tasa de ocupación que los taxis tradicionales, contribuyendo en menor medida a la congestión y que llegan a sectores que no son atendidos adecuadamente.
Las economías colaborativas que surgen gracias a las nuevas tecnologías muchas veces cambian el paradigma que enfrentaba el regulador a mediados del siglo pasado, pero que siguen vigentes en muchos mercados tradicionales, como los problemas de información o las externalidades. Por otro lado, permiten al regulador traspasar parte de su carga fiscalizadora a otros agentes, como los participantes de las plataformas tecnológicas o a las mismas empresas.