La Suprema ahora rechaza libertad a un condenado en causa de DD.HH.
La Sala Penal estableció un nuevo criterio a la hora de entregar beneficios carcelarios a los condenados por casos de derechos humanos.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema negó ayer la libertad condicional a Luis Felipe Polanco, coronel (r) del Ejército condenado por su participación en la Caravana de la Muerte. Así, el máximo tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había estado a favor de otorgar el beneficio carcelario al exuniformado.
El fallo de la Segunda Sala, que estuvo compuesta por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Antonio Valderrama, y los abogados integrantes Antonio Barra y Ricardo Abuauad, señala que Polanco no podrá acceder a la libertad condicional, ya que este “es objeto de un juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la misma naturaleza al que ya fue materia de condena, circunstancia que impide concederle actualmente la libertad condicional, por no hallarse cabalmente dilucidada su situación procesal penal de manera definitiva”.
Esta resolución fue dictada por el máximo tribunal dos semanas después de que se conocieran siete resoluciones en que sí se otorgó la libertad condicional para condenados por derechos humanos. Estos fallos generaron una serie de críticas e incluso el anuncio de una acusación constitucional por parte de parlamentarios.
El fallo de ayer, de todas formas, viene a marcar un nuevo criterio respecto de los requisitos que deben tener estos reos para acceder a beneficios extrapenitenciarios. Esto, porque anteriormente la misma sala con igual conformación había accedido a otorgar el beneficio a un condenado en Punta Peuco, a pesar de que mantenía procesos pendientes con la justicia por casos de derechos humanos.
La causa anterior
En la resolución del 31 de julio, la sala penal otorgó la libertad condicional a José del Carmen Quintanilla Fernández, condenado por secuestro calificado, por cuatro votos contra uno.
En esa oportunidad, solamente el ministro Valderrama estuvo en contra de la prebenda y se decantó “por confirmar la sentencia en alzada, atendido que, conforme reconoció el propio apoderado del amparado en su alegato ante esta Corte, este se halla sometido a proceso en otra investigación actualmente en curso, situación procesal incompatible, en su parecer, con la obtención de la libertad condicional”.
Reacciones
La nueva postura de la Corte Suprema generó inmediata reacción en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde estiman que la presión de sociedades civiles y parlamentarios tuvo un “efecto positivo” en torno a las decisiones del máximo tribunal.
Así, la presidenta de esta agrupación, Alicia Lira, consideró el fallo como “una señal que la presión y las denuncias han impactado. Se ignoraron los tratados internacionales, más cuando los familiares han tenido una larga lucha para averiguar la verdad. No voy a decir ‘valoramos’, pero sí yo creo que este es un logro de las organizaciones”. ●