Brito pide legislar sobre beneficios carcelarios
Presidente de la Corte Suprema estima que se debería establecer un tribunal de ejecución de penas.
“Falta normarlo por la vía legislativa”. Con estas palabras, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió a la atribución que se otorgó al Poder Judicial para decidir si otorga o no la libertad condicional para los condenados.
La discusión de esta materia y cómo se regula tomó fuerza luego de que la semana pasada el máximo tribunal decidiera entregar el beneficio a siete personas sentenciadas por casos de derechos humanos.
Así, Brito explicó que “esta corte viene, hace muchos años, señalando la necesidad de establecer tribunales de ejecución de pena en materia penal, que es en la legislación comparada y en la doctrina el mecanismo adecuado a la pretensión de poner término anticipado al cumplimiento de las sanciones”.
La máxima autoridad de los jueces añadió que “ese es un trabajo técnico de muchísima exigencia, que entre nosotros no se realiza de esa manera, porque no tenemos el sistema de jurisdicción para el control de cumplimiento de las sanciones”.
En tanto Ángela Vivanco, quien ayer asumió como ministra de la Corte Suprema
(ver recuadro), señaló que falta legislación en materia de beneficios extracarcelarios. A su juicio, “se necesita legislar en muchos temas asociados a los derechos fundamentales”.
Vivanco agregó que “nuestra normativa tiene muchos años y nuestra Constitución (cuenta con) una serie de temas de derechos fundamentales que no se han desarrollado, porque en nuestra Constitución se discutieron esos temas, en su gran mayoría en los años 70, y ya ha pasado mucha agua bajo el puente”. Desde esa perspectiva, dijo que “es muy probable que ajustes de esa especie contribuyan a decisiones lo más adecuadas posibles”.
Aprensiones de la misma naturaleza presentó el exministro de la Corte Suprema Milton Juica, quien el martes indicó a La Tercera que antiguamente los beneficios extracarcelarios los resolvía el Ministerio de Justicia y que él se opuso a que esta responsabilidad cayera en los jueces.
En este sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que “el ministro Juica tiene mucha razón y es algo que esta organización viene señalando desde hace muchos años. Claro que hay que legislar. Resulta indignante que no se haya hecho antes”. ●